El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) aprobó ayer el plan de reequilibrio financiero de nueve comunidades autónomas, entre ellas la extremeña. El consejero de Administración Pública y Hacienda, Angel Franco, explicó al finalizar la reunión que en ella se habían expuesto los recortes presupuestarios que la Junta de Extremadura ha venido adelantando desde octubre pasado --disminución del presupuesto o reducción de altos cargos, entre otros-- al tiempo que se había acordado realizar un seguimiento de estas medidas "por si los ingresos se comportan peor de lo que esperamos". De hecho, las comunidades autónomas deberán facilitar trimestralmente información sobre sus operaciones de endeudamiento.

Los planes aprobados son, aparte del extremeño, los de Castilla y León, Castilla-La Mancha, La Rioja, Murcia, Asturias, Cantabria, Galicia, y Aragón. Además, los de Navarra y País Vasco se aprobarán en breve en sendas comisiones mixtas. En conjunto, estos planes implican acuerdos de no disponibilidad sobre los presupuestos aprobados que suponen un ajuste de 1.975 millones de euros. Según explicó la vicepresidenta económica del Gobierno, Elena Salgado, no se han podido aprobar hasta cinco planes de reequilibrio que "aún no estaban preparados", correspondientes a Baleares, Canarias, Comunidad Valenciana, Cataluña y Andalucía, que esperó puedan aprobarse después de Semana Santa, llegando a una cifra total por acuerdos de no disponibilidad de hasta 3.000 millones en el 2010.

El Consejo de ayer sirvió para que el Gobierno alcanzase un acuerdo con las comunidades autónomas --con la abstención de las gobernadas por el PP-- sobre el plan de austeridad para reducir el déficit público desde el 11,2% del PIB del año pasado hasta el 3% en el 2013. El Consejero de Hacienda extremeño se mostró "contento" con el resultado del encuentro ya que, apuntó, "se ha puesto en evidencia que la Administración del Estado y las comunidades autónomas están dispuestas a poner en marcha un plan conjunto para reconducir la senda del déficit y presentarnos ante la UE y los mercados financieros con el objetivo del 3% cumplido".

NO TODAS POR IGUAL En cualquier caso, Franco reiteró que no se "puede tratar de igual forma a todas las comunidades, ya que tienen situaciones de partida desiguales. Debe tenerse en cuenta el esfuerzo que ya hemos hecho algunas regiones. Nosotros ya hemos reducido nuestro presupuesto un 2,6% respecto al 2009, mientras que a nivel general ha habido un ligero aumento", argumentó. En esta línea, explicó que entre el 2000 y el 2007 Extremadura ha tenido su deuda "congelada". "La deuda viva por habitante es la mitad de la que existe en el conjunto de las autonomías", sostuvo.

Igualmente, resaltó que el déficit de Extremadura no ha superado en ningún caso el 3% del Producto Interior Bruto (PIB), ya que el 2008 se cerró con el 1,18%, el año pasado se cifró en el 2% y el objetivo para el 2010 es del 2,5%.

El acuerdo marco para la sostenibilidad de las finanzas públicas para el periodo 2010-2013 aprobado ayer concreta las fases mediante las que se modulará la consolidación fiscal de las cuentas públicas, con el objetivo de reducir el déficit del conjunto de las administraciones públicas al 3% del PIB en el 2013, correspondiendo a las comunidades autónomas la necesidad de reducir el déficit al -1,1%. El acuerdo plantea una primera fase de acción inmediata con medidas incluidas en los presupuestos para el 2010 y en los planes de reequilibrio de las comunidades autónomas. En una segunda fase, entre 2011 y 2013, se incluirán los objetivos de estabilidad para estos años y los compromisos del acuerdo marco.

Además, para el desarrollo de estos objetivos las comunidades autónomas se han comprometido a elaborar, en el plazo de tres meses --hasta el 10 de junio--, planes de racionalización y eficiencia del gasto. Para ello, se ha acordado la constitución de un grupo de trabajo en el seno del CPFF que se encargará de hacer propuestas en materia de reducción y mejora de la eficiencia del gasto y al que se encomendará la valoración y seguimiento de la información solicitada a las comunidades autónomas.

El acuerdo incluye el compromiso de aplicación de una política de contención del gasto en personal, a través de las retribuciones, restricción de las ofertas públicas de empleo, y una racionalización de los recursos humanos al servicio de la Administración. "Todas las actuaciones en este ámbito se instrumentarán a través del oportuno diálogo social", añadió Salgado.