El Gobierno y las autonomías lograron ayer un "consenso básico" sobre la financiación sanitaria. Así definió ayer José Luis Rodríguez Zapatero el principio de acuerdo forjado, pese a la resistencia de las comunidades del PP, en la conferencia de presidentes, reunida en Madrid para paliar el abultado déficit de la sanidad autonómica. El presidente propició el consenso al prometer una ayuda estatal de 1.700 millones de euros anuales --el triple de su oferta inicial -- y el anticipo de otros 1.300 millones a cuenta de los futuros ingresos autonómicos.

Cinco horas y media duró la segunda reunión de la conferencia de presidentes, más fructífera pero más tumultuosa que la sesión inaugural. Si aquella se limitó a constituir este flamante foro de cooperación, la de ayer sirvió para mitigar el quebradero de cabeza de los mandatarios autonómicos: el déficit de todo el sistema sanitario, que rebasa los 6.000 millones.

Zapatero desarboló a los barones del PP, aleccionados por la cúpula del partido para boicotear la cumbre, con una propuesta que ningún presidente en su sano juicio está en disposición de rechazar. Triplicó la oferta de hace una semana --627 millones anuales-- al prometer 1.677 millones en el 2006 y otros 1.777 el año siguiente. El Estado mantendrá estas sumas hasta la reforma del sistema de financiación, prevista para el 2008.

OCHO FONDOS Estas cifras llegarán por ocho vías distintas: la aportación directa (500 millones el próximo año y 600 más el siguiente), la garantía de que el gasto sanitario crecerá como el PIB (500); la subida del alcohol y el tabaco (227); y fondos específicos de calidad, cohesión, atención a extranjeros, accidentes laborales e insularidad. Antes de que acabe este año, además, las autonomías recibirán otros 1.365 millones a cuenta de la recaudación de los impuestos cedidos y del fondo de suficiencia. Aunque sea sólo un adelanto, y no una aportación adicional del Estado, esta inyección mejorará la liquidez de las comunidades, que podrán disminuir su endeudamiento y ahorrarse los correspondientes intereses.

Para que asuman más responsabilidad fiscal, el Ejecutivo cederá a las autonomías la opción de recaudar hasta 1.838 millones anuales si suben el impuesto de matriculación, los carburantes (4,8 céntimos por litro) y la factura eléctrica (2%). Facultad que, por su coste electoral, ninguna comunidad piensa ejercer. La cuarta pata del pacto es la racionalización del gasto mediante una cartera básica de servicios, el desarrollo de la atención primaria y la asistencia sanitaria, y la mejora de los sistemas de compra y de información.

Pasadas las tres de la tarde, Zapatero preguntó a los reunidos si querían proseguir --aunque el Rey les esperaba para comer-- o aceptaban negociar el reparto de la ayuda este martes en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Como nadie alzó la voz, dio por aceptada su propuesta.

El riojano Pedro Sanz, portavoz de los barones del PP, tachó de "burla" la oferta. Para dinamitar la imagen de consenso, los populares negaron que hubiera un acuerdo, pero admitieron que negociarán la ayuda porque no pueden "despreciarla". El PP aplazó la respuesta formal a la oferta del Gobierno hasta el martes, cuando se reunirá el CPFF.