El Gobierno y el cuatripartito catalán favorable al Estatut han cerrado principios de acuerdo sobre algunas de las competencias más conflictivas, como inmigración, gestión de puertos y aeropuertos, enseñanza de 0 a 3 años, inspección de trabajo y el traspaso de la gestión de ferrocarriles de Cercanías.

Así lo confirmaron a Efe diversas fuentes de los partidos catalanes, después de que los negociadores, que empezaron ayer su reunión en el Congreso a las 11.20 horas y sólo hicieron una breve pausa sobre las 14.00 horas, acabaron de abordar el título de competencias, del que quedan aún algunos flecos pendientes de resolver.

Uno de los principios de acuerdo más significativos es reconocer la competencia ejecutiva de la Generalitat en la autorización de trabajo de los extranjeros cuya relación laboral se desarrolle en Cataluña, en coordinación con la competencia del Estado en materia de entrada y residencia de extranjeros, mientras que también hay principio de acuerdo en la creación de un consorcio entre Estado y Generalitat para la gestión de puertos y aeropuertos catalanes.

AUTORIZACIONES LABORALES Asimismo, la Generalitat tendrá la competencia ejecutiva en la tramitación y la resolución de los recursos presentados a los expedientes referidos a las autorizaciones iniciales de trabajo.

En cuanto al traspaso de la gestión de Cercanías de Renfe, en el artículo 169, se ha alcanzado un principio de acuerdo para establecer que "corresponde a la Generalitat la competencia exclusiva sobre los transportes terrestres de viajeros y mercancías por carretera, ferrocarril y cable que transcurran íntegramente dentro del territorio de Cataluña con independencia de la titularidad de la infraestructura".

También hay principio de acuerdo, según las fuentes citadas, en la capacidad de la Generalitat sobre las becas de enseñanza obligatoria y en reconocer la competencia exclusiva de la administración catalana sobre las enseñanzas preobligatorias, y no sólo sobre las postobligatorias como planteaba inicialmente el PSOE. No obstante, fuentes de CiU han advertido de que la competencia sobre educación no se ha cerrado completamente ni la de puertos y aeropuertos.