La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, a quien Mariano Rajoy le ha encomendado dirigir el control que el Estado va a realizar de la comunidad autónoma catalana, ha pasado el fin de semana analizando la coordinación del Ejecutivo para Cataluña, hablando para ello con diversos colaboradores y en contacto permanente con el propio presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy.

Precisamente uno de los más cercanos colaboradores de la vicepresidenta, Roberto Bermúdez de Castro, secretario de Estado para las Administraciones Territoriales, desembarcará hoy en la ciudad condal junto a otros secretarios de Estado para comenzar a detallar en las distintas consejerías de la Generalitat en que qué va a consistir la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

Con todo el Gobierno catalán destituido, Madrid toma el mando administrativo desde hoy mismo y hasta que haya un nuevo gobierno autonómico salido de las urnas del 21 de diciembre.

PRIMERA REUNIÖN / Precisamente Roberto Bermúdez de Castro presidió el sábado en Madrid la primera reunión con los subsecretarios de los ministerios que ha asumido las competencias del Govern para garantizar el funcionamiento de la administración autonómica.

Según informó el el Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales, se trató del primer encuentro tras la entrada en vigor del real decreto que designa los órganos y cargos a los que corresponde dar cumplimiento a las medidas dispuestas por el Gobierno, autorizadas por el Senado, al amparo del artículo 155 de la Constitución.

En esta primera reunión, se estudiaron las distintas actuaciones que se llevarán a cabo a partir de hoy por parte de los ministerios a fin de cumplir con las medidas aprobadas por el Gobierno.

Sáenz de Santamaría no solo coordinará todo el operativo administrativo por encargo de Rajoy, sino que también asumirá parte de las funciones del cesado vicepresidente Oriol Junqueras, en tanto que es vicepresidenta de la Moncloa. Las competencias económicas del líder de Esquerra Republicana se repartirán entre el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro y el de Economía, Luis de Guindos.

El BOE, que apareció en soporte digital sobre las cuatro de la madrugada de la noche del viernes al sábado, incluyó esta sorpresa y también el relevo del major de los Mossos, Josep Lluís Trapero. En el decreto sobre los ministerios se puede leer que Santamaría se hará cargo del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Informació y del Centro de Seguridad de la Información de Cataluña, conocido como el CNI catalán. La Guardia Civil acudió días antes del referéndum del 1-O a ambas sedes para verificar la paralización de programas informáticos que supuestamente iban a servir para el recuento de la votación vía electrónica. Además, en esa lista de organismos que pasan a depender de Santamaría se incluye el Centro de Estudios de Opinión.

Por otro lado, la Fiscalía General del Estado tiene decidido presentar hoy mismo una doble querella por rebelión contra los artífices de la declaración unilateral de independencia (DUI). Un primera demanda, contra el ya expresident Carles Puigdemont, el exvicepresidente Oriol Junqueras y el resto del depuesto Govern se presentará en la Audiencia Nacional, que se sumará a la ya abierta por sedición contra el exjefe de los Mossos Josep Lluis Trapero. Pero habrá una segunda querella en el Tribunal Supremo, la que afecta a presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y los miembros de la Mesa Lluís Guinó, Anna Simó, Joan Josep Nuet y Ramona Barrufet.

PÉRDIDA DE AFORAMIENTO / El motivo de esta distinción es que los miembros del cesado Ejecutivo catalán acaban de perder el aforamiento tras la disolución del Parlament ordenada desde el Gobierno central. En cambio, los miembros de la Mesa de la Cámara autonómica siguen siendo aforados al pertenecer a la Diputación Permanente, órgano que dirige el Parlament durante el tiempo que está disuelto o de vacaciones. La querella del tribunal Supremo la llevará el magistrado Pablo Llarena, que es previsible que no se demore en admitirla, según fuentes jurídicas.

En un principio, se contaba con una única querella en el Supremo, pero la sorpresiva decisión de Mariano Rajoy de disolver el Parlamento catalán el viernes ha supuesto que el núcleo fundamental de personas contra las que se dirigirá la actuación fiscal ya no sean aforadas.

En la Audiencia Nacional ya se investiga por sedición a Josep Lluís Trapero, la intendente de la policía autonómica Teresa Laplana y los presidentes de la Asamblea Nacional catalana (ANC) y Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. Estos dos últimos, en prisión preventiva en la cárcel de Soto del Real.