Más recortes en el sector público para hacer frente a la crisis. Ahora, en el sector inmobiliario. La ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, anunció ayer la intención del Gobierno central de poner en marcha un nuevo plan anticrisis en materia de vivienda que ayude al país a reducir el déficit público.

Un plan que suprimirá las ayudas directas a la compra de vivienda protegida durante dos años --con la oposición de las comunidades autónomas-- y que eliminará la reserva de eficacia --un fondo especial que permitía a las comunidades financiar las actuaciones que iban más allá de los objetivos pactados con el Gobierno--, aunque como contrapartida, fomentará el alquiler y la rehabilitación de inmuebles.

"Si vamos a tener que gastar menos, hay que priorizar en qué gastamos", explicó ayer la ministra tras reunirse con los consejeros del ramo de las regiones en el marco de la Conferencia Sectorial de Vivienda --a la que asistió el consejero de Fomento de la Junta de Extremadura, José Luis Quintana--. Corredor precisó que "estudiará el recorte de forma bilateral con las comunidades", que no están de acuerdo con algunos de los puntos establecidos, sobre todo en lo referente a la vivienda protegida.

Los recortes se aplicarán este mismo año con la eliminación de la reserva de eficacia, cuyo presupuesto adicional representó el 20% de los 1.400 millones de euros con los que contó el ministerio de Vivienda en el 2009. Por su parte, los pagos sin justificar a las comunidades, que alcanzaron los 628 millones de euros en el mismo periodo, "se irán reduciendo progresivamente en cada ejercicio", según indicó la titular de Vivienda.

Pero el ajuste "más estricto", en palabras de la propia ministra, vendrá en el 2011 y se mantendrá hasta el 2012, puesto que el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación será más austero en los dos años que le restan. Para ello, el Gobierno ha decidido suprimir la ayuda directa a la entrada de viviendas de protección oficial (VPO), aunque permitirá la ampliación de las hipotecas de este tipo de casas hasta alcanzar el 90% de su valor (antes no podían superar el 80%).

Sin embargo, Corredor minimizó el impacto de esta ayuda directa a la compra --que de todas las medidas adoptadas, es la que más afecta a Extremadura-- al asegurar que la función de ambas medidas --la anterior y la nueva-- es la misma: "reducir la necesidad de ahorro para afrontar el pago de la entrada a una VPO".

Con respecto a los promotores, Corredor señaló que se rebajarán, en el entorno del 40%, las subvenciones tendentes a la promoción de vivienda protegida nueva en alquiler, que se acompañará también de la supresión de las ayudas para la adquisición de suelo. Y del mismo modo, la ministra anunció la no renovación de la subvención para las ventanillas únicas, ya que tras dos años de funcionamiento, el Ejecutivo considera "cumplidos" sus objetivos.

AHORRO NO CUANTIFICADO Corredor no precisó cuánto dinero prevé el Gobierno ahorrar con esta reducción del gasto en política de vivienda y se limitó a hacer referencia al desembolso de 507 millones de euros que supusieron estas ayudas durante el ejercicio pasado.

Con respecto a Extremadura, el consejero de Fomento, José Luis Quintana, explicó a este diario que "la medida que más afectará a la región es la supresión de las ayudas a las VPO", mientras que los cambios en la reserva de eficacia, que sí son importantes para otras regiones, en Extremadura "es una cuestión secundaria a la que nos podemos ajustar sin problemas".

No obstante, Quintana aseguró que todas las medidas anunciadas por Vara en el Debate sobre el Estado de la Región en materia de vivienda "siguen adelante" --apuestan sobre todo por la rehabilitación de vivienda para generar empleo e impulsar el alquiler y las viviendas sociales--, y recordó además que "todas las ayudas que la Junta de Extremadura concede en materia de vivienda no están en discusión", así como la existencia de otras líneas de ayuda, como el Plan 60.000, que se siguen manteniendo para los extremeños.