El esperado comunicado de ETA que debía dar paso, según la izquierda aberzale, a la normalización de Euskadi y permitir su participación en las elecciones de mayo se ha quedado lejos de estas expectativas. Aunque la mayoría de fuerzas democráticas, incluido el PNV y con el Gobierno a la cabeza, vieron un avance en la declaración de "alto el fuego permanente y general", también coincidieron en que se trata de un paso insuficiente. "Tiene que ser más contundente y definitivo. No vamos a permitir un nuevo engaño. Las fuerzas de seguridad seguirán persiguiendo a la banda", declaró José Luis Rodríguez Zapatero.

Las razones esgrimidas por el Gobierno para el rechazo son varias. Por un lado, la banda sigue poniendo "precio a la paz", "aún quiere mantener su posición de garante de una supuesta negociación", en palabras del vicepresidente primero del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba. El alto el fuego no es unilateral, como hasta Batasuna pedía a los terroristas, sino condicionado a la negociación sobre "el derecho de autodeterminación".

Se trata, además, de una simple tregua, y el tiempo de estas ya ha pasado. Las expresiones "alto el fuego definitivo", "irreversible", "disolución" o "entrega de las armas" que se le exigen a ETA desde el frente democrático no aparecen en ningún rin- cón del texto leído por tres encapuchados y colgado ayer al mediodía en la web del diario Gara .

RUBALCABA, ROTUNDO "Esta no es la noticia que la sociedad española espera. El único comunicado que queremos leer de la banda terrorista es aquel en que ETA declare el fin, y lo haga de manera irreversible y definitiva", advirtió con rotundidad el también ministro del Interior en una breve comparecencia ante los medios de comunicación. La llevó a cabo sin preguntas, para evitar dar "más relevancia de la imprescindible" a los terroristas, y unos minutos después de haber cambiado impresiones con el resto de partidos.

El comunicado declara un "alto el fuego permanente", "general" (sin extorsiones ni amenazas) y que "puede ser verificado por la comunidad internacional". En respuesta a la falta de fiabilidad que se le atribuye por haber perpetrado el atentado de la T-4 en plena tregua, el texto sostiene que el suyo es un "compromiso firme".

Rubalcaba, aunque con la boca pequeña, reconoció que el comunicado "es una buena noticia", pero el lendakari, Patxi López, fue mucho más claro. Aseguró que ETA ha dado "un pequeño paso adelante" indicativo de que "ha empezado a asumir que su final es inevitable". López admitió, además, que la tregua ha sido "fruto de la presión social ejercida sobre ETA, incluida la de los colectivos que tradicionalmente la han apoyado".

A cambio pidió a Batasuna que exija a ETA que "renuncie a conseguir ningún objetivo político con su final". Unas horas antes, el número tres del PSOE, Marcelino Iglesias, había hablado con optimismo del comunicado al calificarlo de "noticia importante" que "se tiene que confirmar con hechos".

Los socialistas intentan evitar que el rechazo del Gobierno al comunicado sea interpretado como un inmovilismo que desincentive a la izquierda aberzale en su presión para que la banda abandone las armas. Al fin y al cabo, por vez primera en la historia del terrorismo vasco ETA va a remolque de sus apoyos políticos, y no a la inversa.

ESCASAS POSIBILIDADES Dado que ETA no irá más allá antes de las elecciones locales de mayo, a la izquierda abertzale no le queda otra que jugar a fondo la baza del comunicado para intentar su legalización pidiendo, como hizo ayer, que sea el Gobierno el que mueva ficha, aunque es consciente de que sus posibilidades de éxito son casi nulas.

Cuentan para ello con aliados de peso, como el abogado surafricano Brian Currin, que ayer saludó el comunicado como una victoria porque, dijo, ETA se ha ajustado a las exigencias de la declaración de Bruselas. El mediador anunció que el Grupo Internacional de Contacto, que pretende intermediar frente al Gobierno, visitará Euskadi "tan pronto como sea posible". El líder del Sinn Féin, Gerry Adams, fue más allá y pidió al Ejecutivo que cree ya una mesa de negociación.

Nada más lejos de las intenciones del Gobierno. Rubalcaba rechazó una vez más la necesidad de la verificación internacional de la tregua, porque "en un Estado de derecho, quien verifica" son las fuerzas policiales. La alternativa que le queda a Batasuna para incorporarse a la política es "romper fehacientemente con ETA", le recordó el ministro.

Por si no fuera suficiente, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, anunció que estará "vigilante" para que los batasunas no se cuelen en el proceso electoral y recordó que los etarras "ni se disuelven ni piden perdón a las víctimas". Tan desfasado les pareció a los conservadores el comunicado, que en la rueda de prensa la número dos del partido leyó el texto con el que el PP rechazó la tregua etarra del 2006.