El esfuerzo inversor para construir una línea de tren de alta velocidad (AVE), como por ejemplo la conexión Madrid-Lisboa, recae fundamentalmente en los gobiernos de cada país, que deben aportar en torno al 80% de la financiación del proyecto. De esta forma, la contribución de la Unión Europea a los mismos, sin dejar de ser importante, continúa siendo minoritaria. De ahí que la candidata del Partido Social Demócrata (PSD) de Portugal, Manuela Ferreira Leite, insista en que paralizará todos los proyectos de la red lusa de alta velocidad si es elegida primera ministra el próximo día 27.
La aspirante conservadora considera un despilfarro estas inversiones en infraestructuras ante la grave coyuntura económica por la que atraviesa el país, que a las dificultades por la crisis mundial suma un elevado nivel de endeudamiento público --por encima de los 40.000 millones de euros, según fuentes internacionales--.
Los datos oficiales otorgan parte de razón a Ferreira Leite: no realizar esas obras supondría un ahorro importante para la economía portuguesa. De acuerdo con la información facilitada por el organismo ferroviario encargado de desarrollar el AVE en territorio luso, el RAVE, las tres líneas de alta velocidad proyectadas en el país (Lisboa-Madrid, Lisboa-Oporto y Oporto-Vigo) tendrían un coste próximo a los 7.700 millones de euros. De ellos, Bruselas solo aportaría 1.563 millones (el 20%) conforme a las partidas aprobadas en los Fondos de Cohesión-Feder para el periodo 2007-2013 y de las ayudas con concede la Comisión Europea a través del organismo Redes Transeuropeas de Transportes.
Con esos más de 6.000 millones de euros que el Estado portugués dejaría de gastar de sus propias arcas si no construye la red de AVE, Ferreira Leite cree que se podría reactivar la economía lusa, destinándolos principalmente al apoyo de las pequeñas y medianas empresas y a las reformas del sistema educativo y sanitario, entre otros. Y además, como señalaron ayer fuentes de la Comisión Europea a este diario, siempre podría negociar con Bruselas cambiar de destino (es decir, a otros proyectos) o los plazos de los fondos concedidos para el AVE.
El esfuerzo inversor que supone para los gobiernos desarrollar la red de alta velocidad también se observa en las cifras económicas de la conexión Madrid-Lisboa, que atravesará Extremadura --los últimos plazos del Gobierno hablan de que las obras estarán terminadas en el 2013, aunque anteriomente (en la pasada legislatura) se habló del 2010--. Así, si se tiene en cuenta únicamente el trazado entre el límite provincial de Cáceres con Toledo --en el término municipal de Talayuela-- y la capital portuguesa, construir esta infraestructura tendría un coste aproximado de 5.100 millones de euros.En ese montante las partidas comunitarias apenas supondrían el 18%, o lo que es lo mismo, unos 914 millones.
LOS TRAMOS EXTREMEÑOS En el caso de los tramos extremeños, la aportación comunitaria es incluso menor --en términos proporcionales--. En los últimos presupuestos del Estado, el Ministerio de Fomento recogía dentro de su planificación una inversión aproximada de 2.713 millones de euros para poner todas las traviesas del AVE desde Talayuela a la futura estación internacional Badajoz-Caya. Por su parte, según fuentes del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), el organismo público encargado de las obras, Bruselas tiene aprobadas ayudas a este proyecto por valor de 365 millones, lo que supone apenas el 13% del presupuesto estimado. El resto de la inversión debe salir de las arcas del Estado español.
Concretamente, Europa tiene aprobada una partida de 240,5 millones de euros para las obras de construcción en el tramo Navalmoral de la Mata-Cáceres-Mérida, un dinero que corresponde al Fondo de Cohesión de los FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional) para el periodo 2007-2013. Y a esto se suman otros 124,6 millones, de las ayudas de las Redes Transeuropeas de Transportes, para los estudios y proyectos de ese mismo tramo y las obras en el correspondiente a Mérida-Badajoz-Caya.
Precisamente es esta última partida a la que se refería Ferreira Leite cuando el sábado habló de los intereses del Gobierno español en que la construcción del AVE en Portugal no se interrumpa. Bajo su punto de vista, España teme perder su parte de los 312,6 millones de euros que las Redes Transeuropeas tienen concedido al trazado transfronterizo entre Mérida y Evora --191 corresponden a Portugal y 121 a España--, dado que son unos fondos otorgados y vinculados a la realización de la obra. Desde la Comisión Europea se aseguró ayer a este diario que el Ejecutivo español no tendría por qué verse afectado siempre y cuando realice su parte del trazado. Por su parte, si Portugal quisiera dar marcha atrás en la utilización de esos recursos, debería solicitarlo a Bruselas. Estas mismas fuentes apuntaron que la Comisión no quiere inmiscuirse en la campaña electoral lusa y por tanto no valorará "situaciones futuras que aún no se han producido".
