El actual sistema de financiación autonómica fue aprobado por el Consejo de Política Fiscal y Financiera en el 2001, pero no entró en vigor hasta un año después. En sólo tres años ya le han aparecido las primeras goteras . Se trata de un sistema que camina hacia la autonomía fiscal de las comunidades. Del conjunto de tributos hay algunos que se ceden totalmente a las regiones y otros que están cedidos en parte.

En el grupo de los impuestos cedidos íntegramente a las autonomías figuran el de Patrimonio, los que gravan el juego, Sucesiones y Donaciones, Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, y otras tasas. El más común es el de Transmisiones Patrimoniales, que se aplica por ejemplo en la compra de una vivienda de segunda mano. En este caso el comprador ha de pagar, en el ámbito extremeño, el 7% del valor de escritura del inmueble que se haya adquirido.

En este ámbito de la autonomía fiscal de las comunidades han aparecido nuevos tributos en los últimos años, como es el caso de los que se aplican en algunas comunidades al consumo final de carburante, entre otros. Extremadura, por ejemplo, ha puesto en marcha nuevos impuestos en los últimos años, como son el que grava los solares sin edificar o el de los depósitos bancarios.

Redistribuir la riqueza

Además de los impuestos cedidos, hay un bloque muy importante de impuestos sobre los que el Estado mantiene un mayor poder recaudatorio, aunque lo comparte con las autonomías. El más importante es el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), que grava los rendimientos del trabajo y del capital de los contribuyentes en función de su volumen. El IRPF está cedido en un 33% a las autonomías y el tramo restante lo recauda el Estado, que luego redistribuye entre los territorios (vía inversiones) en función de las necesidades.

Lo mismo sucede con el IVA (el Estado recauda el 65% y las autonomías el resto) y los impuestos sobre gasolinas, alcohol y tabaco (las autonomías controlan el 40% de la recaudación). También hay impuestos de exclusiva competencia estatal, como es el de Sociedades. Paralelamente a todos estos impuestos existe un fondo de suficiencia, que paga el Estado a las comunidades que no son capaces de soportar la sanidad.

Solbes parece dispuesto a permitir que las comunidades suban sus impuestos o asuman un mayor porcentaje de IRPF para financiarse pero no a cederles nuevos tributos.