La ley de dependencia ha sido considerada por muchos como la más importante de esta legislatura, ya que supondría la creación del cuarto pilar del Estado de Bienestar, pero la pata que le faltaba a la mesa parece que no ajusta igual para todos. Hoy debía votarse el proyecto de ley en el Congreso, tras el principio de acuerdo alcanzado el lunes entre los grupos parlamentarios del PP y PSOE para la aprobación de la nueva normativa, pero la Junta de Portavoces del Congreso de los Diputados decidió ayer retrasar este trámite una semana a petición de los grupos del PNV y CiU, que han mostrado sus quejas porque entienden que la ley vulnera competencias autonómicas en materia de servicios sociales.
Los nacionalistas vascos han censurado la celeridad con la que el Ejecutivo central pretende tramitar la norma y sostienen que el debate sobre la misma debería ser más pausado. De otro lado, la formación catalana insiste en que el proyecto de ley ha dejado sin resolver aspectos que afectan a las competencias exclusivas de las comunidades autónomas en materia de financiación, así como en la atención de las personas con problemas de discapacidad intelectual.
En cualquier caso, los grupos parlamentarios dispondrán de una semana más para acercar posturas y ampliar el respaldo a la ley, aunque de haberse debatido hoy habría obtenido una mayoría con el apoyo de PSOE y PP.
El acuerdo entre las dos formaciones mayoritarias fue posible después de que los socialistas aceptaran transaccionar distintas enmiendas presentadas por los populares y que afectaban a cuestiones como el reconocimiento del derecho subjetivo y universal en el articulado de la norma y el compromiso de establecer una atención preferente a las personas afectadas por una dependencia severa.
Las enmiendas pactadas con el PP también amplían la atención a los menores de tres años, a los discapacitados psíquicos y establecen criterios a la financiación de las comunidades autónomas, en función del número de dependientes, la dispersión, la insularidad, la población rural o el número de inmigrantes retornados. Socialistas y populares, también pactaron enmiendas para mejorar la confidencialidad en el tratamiento de los datos personales.
Los socialistas también aceptaron incluir en el preámbulo de la norma los avances realizados en el ámbito de la dependencia, durante la etapa del PP al frente del Gobierno de España, como los planes de atención, la Ley de Igualdad de Oportunidades, o el acuerdo alcanzado en el seno del Pacto de Toledo para diseñar un sistema nacional de dependencia.
Pero no han sido los catalanes y vascos los únicos que han puesto pegas a la ley que se debatirá la próxima semana. Algunos expertos también consideran que hay grietas en el futuro cuarto pilar del Estado de Bienestar, como así reconocieron durante las jornadas Situaciones de dependencia familiar y social celebradas esta semana en Granada y en las que se ha debatido la nueva normativa.
En ese encuentro, algunos de los más críticos, como Juan Antonio Maldonado, profesor titular de Derecho del Trabajo de la Universidad de Granada, calificaron la ley que se pretende aprobar como "decepcionante, poco desarrollada y demasiado genérica", además de insistir en que no se aprecia un claro compromiso del Estado, ya que solo se reordena el panorama de prestaciones asistenciales.
