El presidente de Caja Extremadura, Víctor Bravo, confirmó ayer que el Consejo de Administración de esta entidad autorizó por unanimidad el pasado martes el inicio de conversaciones con vistas a integrarse en un Sistema Institucional de Protección (SIP) junto a otras cajas de ahorros. Bravo eludió dar los nombres de las entidades con las que van a iniciarse las negociaciones ya que, explicó, la participación en el SIP exige también la firma de un compromiso de confidencialidad. "No vamos a manifestar en ningún momento qué cajas pertenecen al grupo, pues ése es el compromiso adquirido. El grupo no es público, no se ha presentado todavía. Cuando se haga público, se informará", justificó Bravo, que advirtió también que los integrantes pueden "fluctuar" conforme avance el proceso de negociación. Diversas fuentes consultadas ayer por este diario ratificaron que Cajastur y Cajamurcia están entre las entidades promotoras de esta iniciativa.
Bravo señaló que el objetivo es que el grupo resultante sea "un referente en el nuevo mapa de las cajas y estar entre las diez entidades líderes de España por activos y volumen de negocio". Si el proceso de negociación acaba fructificando, el grupo podría alcanzar unos activos de entre 125.000 y 175.000 millones de euros --dependiendo del número total de cajas que se integren--, lo que a día de hoy la convertiría en la tercera entidad de mayor tamaño de España, tras la Caixa y Caja Madrid. Los fondos propios serían de 6.000 a 8.000 millones de euros y los beneficios antes de impuestos de entre 600 y 1.000. La red de oficinas estaría conformada por entre 2.500 y 3.000 oficinas.
El presidente de la Caja condicionó el que finalmente Caja Extremadura acabe formando parte de este SIP a dos factores: que la labor que van a desarrollar los grupos de trabajo constituidos para su estudio "permitan visualizar la viabilidad del proyecto, con los menores costes posibles respecto a la autonomía y naturaleza jurídica de la caja", y segundo, que la normativa jurídica que rige este tipo de uniones se desarrolle de forma "que todos podamos estar tranquilos a la hora de desarrollarla".
En esta misma línea, incidió en que es condición "sine qua non " para participar en el proyecto que Caja Extremadura mantenga su marca, órganos de gobierno y sede en la comunidad autónoma. También el que pueda seguir gestionando sus participaciones empresariales y la obra social en la región.
El modelo de entidad que se busca se basa en el respeto de las zonas naturales de cada una de las cajas regionales que se integran. Así, por ejemplo, solo Caja Extremadura podría abrir oficinas en Extremadura y en el caso de que ya existieran cajas de alguna otra entidad participante en la comunidad autónoma "se analizarían en cada caso las alternativas más adecuadas", dijo Bravo, si bien matizó que el nivel de solapamiento entre ellas es "insignificante", lo que reduciría el coste social de la unión. Fuera de esos espacios naturales, se crearía una zona de expansión --el grupo tendrá vocación "nacional, se insistió"-- con una división de negocio encargada de gestionarla. Solo para las oficinas situadas en este espacio geográfico se buscará una marca común a la que se irán incorporando "a medio plazo" las oficinas situadas en ella.
A juicio de Bravo el SIP puede aportar "ventajas significativas", entre las que citó el reforzamiento de la solvencia y la liquidez de la entidad o el aumento de su capacidad y fortaleza financiera. También señaló que permitirá acometer unas inversiones "mucho más importantes en nuestra comunidad autónoma que si fuéramos de forma individual". Finalmente, apuntó que el SIP sería compatible "con una alto nivel de soberanía de las entidades que integren el grupo" y una puesta en valor de "la singularidad de cada caja".
Sobre el calendario de negociaciones, Bravo indicó que en el mes de abril se quiere firmar ya el compromiso de confidencialidad y el resto de acuerdos necesarios para iniciar los trabajos, pero afirmó que la "nota distintiva" del grupo es que no hay prisas por desarrollar la integración. "Lo que se pretende es analizar con detenimiento y profundizar en esta figura para realizar los trabajos técnicos y que, una vez que se desarrolle normativamente el SIP, se pueda formalizar esta alianza".
En este sentido, añadió que uno de los planteamientos de partida de las cajas integrantes es no acudir al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), lo que evitaría la obligación de tener definida la integración antes de finales de junio.
POSTURA DE LA JUNTA La Junta de Extremadura reiteró ayer el "respeto absoluto" que mantiene por las decisiones que puedan tomar los órganos de dirección de las cajas de ahorro extremeñas respecto a los procesos de integración o fusión que puedan poner en marcha.
Un respeto que mantiene el Gobierno regional "a sabiendas de que cualquier decisión que tomen va a ser lo mejor para las propias cajas y para los extremeños en general", según señalaron fuentes de la Junta de Extremadura a Europa Press.
"Ya en la reunión de la federación de cajas de ahorros, donde está representado el Gobierno regional, se habló de esta posibilidad y no se descartó, por lo que entiendo que no hay ningún problema, puesto que la caja va a seguir enraizada en Extremadura y tutelada por la Junta", subrayó Bravo.
