La Guardia Civil se personó ayer en la sede del teléfono de emergencias 112 en Reus en busca de información relacionada con el referéndum unilateral del 1-O, según confirmaron fuentes del instituto armado. En concreto, los agentes estarían buscando conversaciones internas de los Mossos d’Esquadra efectuadas a través del sistema de comunicación por radio durante la jornada de la consulta, las instrucciones que se dieron y la identificación y localización, mediante esos mensajes, de los vehículos de la Guardia Civil y la Policía Nacional que actuaron. «Se dedicaban más a vigilarnos a nosotros que a actuar», ha explicado una fuentes del instituto armado.
EN ENTREDICHO / La labor de la policía autonómica durante la votación fue puesta en entredicho por la Policía Nacional y la Guardia Civil, que acusaron de pasividad e inacción a los agentes del cuerpo catalán por no haber impedido la apertura de muchos colegios electorales. En las oficinas del 112, dependiente de la Consejería de Interior, hay ficheros de todos los servicios de emergencias de la Generalitat: Mossos d’Esquadra, Bomberos, Protección Civil, Servicio de Emergencias Médicas y el propio 112.
El juez de Gandesa ordenó estas diligencias para averiguar, entre otros aspectos, si los Mossos tuvieron una actitud pasiva a la hora de cumplir la resolución judicial que les obligaba a impedir la votación y si hicieron un seguimiento de las intervenciones que efectuaron la Guardia Civil y la Policía Nacional para cumplir con el mandato judicial, según las fuentes.
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Gandesa ha abierto esta investigación, que mantiene en secreto, a raíz de una denuncia por supuesta inacción de los Mossos d’Esquadra en relación con el 1-O.
El magistrado ha requerido a los Mossos que conserven las conversaciones de interés en el dispositivo de almacenamiento, que ayer fue puesto a disposición de la autoridad judicial durante la diligencia practicada en el edificio del 112.
OTRA INVESTIGACIÓN / La investigación del juzgado de Gandesa sobre el operativo llevado a cabo por los Mossos d’Esquadra durante el 1-O discurre de forma paralela a la que está abierta en la Audiencia Nacional -donde el lunes la juez Carmen Lamela retiró el pasaporte al mayor de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, acusado de sedición- y en el TSJC.
Precisamente, los Mossos d’Esquadra han notificado a la magistrada del alto tribunal catalán Mercedes Armas, que instruye una causa contra el Gobierno catalán por el 1-O, que han abierto una investigación interna para determinar si algún agente, a título personal, no siguió las instrucciones transmitidas para impedir la votación, han informado a Efe fuentes policiales.
Con esta medida, la jefatura de los Mossos pretende descubrir si hubo alguna conducta individual por parte de algún agente que no cumplió con las órdenes recibidas y analizar si había algún motivo que lo justificara.
