La Guardia Civil y empleados de la Inspección de Trabajo de Extremadura intensifican los controles y vigilancia en los asentamientos rumanos y de inmigrantes de la zona de Tierra de Barros y de aquellas en las que se sospeche la contratación de mano de obra irregular, según indica la delegada del Gobierno, Carmen Pereira, y que recoge la agencia Europa Press, tras mantener una reunión con el alcalde de Santa Marta de los Barros, Jorge Vázquez, localidad en la que se contabilizan 1.500 rumanos.La delegada recuerda que actualmente se localidad asentamientos en diez localidades de la provincia de Badajoz, siendo el más grande de ellos el de Santa Marta, que serán controlados todos ellos por guardias civiles e inspectores de trabajo. Pereira señala que estos asentamientos no pueden ser desalojados de forma policial si no es con la previa autorización judicial, ya que éstos se encuentran en terrenos privados, un proceso que ya se había iniciado con la pertinente apertura de expedientes administrativos de desahucio. Además, estos ciudadanos, en su mayoría de origen rumano, se encuentran en situación ilegal, al ser contratados por "algunos empresarios agrícolas" sin contar con los requisitos establecidos por la moratoria del Gobierno central sobre la contratación de estos ciudadanos de Rumania, que tiene una vigencia de dos años. Los ciudadanos rumanos cuentan con "plenitud de derechos" al ser miembros de la UE, pero esta moratoria, que cuenta con el apoyo de los agentes sociales, económicos y sindicales, en materia laboral les considera como a cualquier otro de fuera del ámbito comunitario, por lo que su situación es de "ilegalidad laboral". Tanto el alcalde de Santa Marta como la delegada del Gobierno reseñan que esta situación esta provocando "problemas de convivencia y pequeños hurtos para comer" en la localidad, motivados en su mayoría por "el estilo de vida nómada al que están acostumbrados" los ciudadanos rumanos. De hecho, el alcalde aclara que varios de los hosteleros ya han procedido a la contratación de vigilancia privada para garantizar la seguridad de sus locales; además, comienzan a dar problemas de higiene y salubridad en las calles y los propios asentamientos. Jorge Vázquez apostilla que estos ciudadanos conocen la normativa nacional y autonómica, de forma que son conscientes de que las penas por sus "hurtos" son pequeñas, lo que está provocando "una situación desastrosa en el día a día con intimidaciones a los vecinos" para obtener dinero, y de ahí su "satisfacción" por las medidas adoptadas desde la Delegación del Gobierno.