Los alimentos para pobres procedentes de la UE que la empresa Red de Servicios Sociales ha desviado presuntamente de forma irregular a 14 centros de ancianos de la región han sido intervenidos por la Guardia Civil, que ha comenzado a prohibir su consumo y a precintarlos en los mismos centros o en otros locales habilitados por los ayuntamientos. Así lo confirmaron ayer a este diario los alcaldes de los principales pueblos afectados por esta irregularidad, quienes ante "la gravedad de lo ocurrido" han rescindido el contrato que mantenían con la empresa o están estudiando hacerlo. Villanueva del Fresno incluso, se personará como acusación particular contra el administrador de la entidad, Carlos Macías (excoordinador regional de Cruz Roja Extremadura), "de confirmarse los hechos".
A la mayoría de los ediles la noticia les ha caído "por sorpresa, como un jarro de agua fría" y afirman haberse enterado de los hechos a través de la Guardia Civil o la prensa. Todos coinciden en que los agentes han visitado las dependencias municipales para informar de lo ocurrido y solicitar la entrada a la despensa del centro de día o piso tutelado para pasar a la retirada de los alimentos. "Estamos esperando a que nos digan qué hacemos con ellos, porque la mayoría son perecederos", asegura Ramón Díaz Farias, alcalde de Villanueva del Fresno.
Esta localidad, en la que Red de Servicios Sociales gestionaba el centro de día y el piso tutelado, "ya no trabajará más con Carlos Macías". El alcalde ha asegurado que ya se había tomado la decisión de acabar el contrato con la empresa debido a impagos de nóminas de los trabajadores y que en el caso de confirmarse un fraude el desvío de alimentos procedentes del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), "el ayuntamiento se personará como acusación particular en el proceso y solicitará una compensación por daños y prejuicios".
Ante lo ocurrido, Garlitos y Tamurejo rescindirán el contrato con la empresa y la misma intención tienen Holguera, Puebla de la Reina --el contrato finaliza este mes y no lo renovarán--, Casas de Miravete, Arroyo de San Serván o Calzadilla de Los Barros. Ibahernando, Fuenlabrada de Los Montes, La Coronada, Palomas y Torremocha, no se pronunciaron.
SORPRESAS Domingo Serrano, alcalde de Garlitos, confirmó que Red de Servicios Sociales lleva dos años al frente del centro de día de la localidad, que cuenta con una veintena de usuarios, y está convencido de que se ha cometido un fraude "porque esos alimentos no pueden estar en manos de empresas con ánimo de lucro". Por precaución y hasta que vuelva a salir a concurso, el ayuntamiento se hará cargo de la gestión del centro.
Por su parte, la alcaldesa de Holguera, Mariola Trancón, espera hoy a Macías para que le de las explicaciones oportunas. "Yo voy a menudo de visita al centro de día, e incluso como con los residentes para comprobar la calidad, pero no me asomo a la despensa ni pido ver los envases de los alimentos", afirmaba tras reconocer que la noticia le ha caído "como un jarro de agua fría". Trancón vio por primera vez los alimentos con las etiquetas de la UE en la despensa de su centro el pasado miércoles, aunque los trabajadores le han confirmado que llevaban ahí al menos dos meses. "Ahora tendremos más cuidado", asegura.
José García, alcalde de Casas de Miravete, también se enteró de lo sucedido a través de la Guardia Civil y dado que considera que la gestión que Red de Servicios Sociales de Extremadura ha hecho en el centro de día de la localidad "es buena", va a esperar a ver qué ocurre antes de tomar una decisión. "Los alimentos ya no están en el centro y de momento, la empresa lo seguirá gestionando", dice.
También está "en duda" el alcalde de Arroyo de San Serván, Juan Moreno, que se enteró de que su pueblo era uno de los afectados por la prensa. "Lo leí, fui a ver si era cierto y efectivamente, el sábado esos alimentos estaban en la despensa del centro de día". Ayer la Guardia Civil fue al ayuntamiento y procedió a informarle de lo ocurrido y precintar los productos. En este caso, los alimentos podrían haber entrado en la despensa en el verano.
Al contrario de lo que ha ocurrido en otros pueblos como Guadiana, la gestión de Red de Servicios Sociales también ha sido buena para la alcaldesa de Tamurejo, Rosa Araujo, cuyo centro de día tiene una treintena de usuarios. "La gestión no ha sido mala, no se ha dado a los residentes ningún alimento en mal estado, pero si se demuestra que esto es cierto, rescindiremos sin duda el contrato con la empresa", confirma. De momento, Araujo ha convocado un pleno "para informar a la corporación municipal de lo ocurrido y tomar una solución".
Indecisos están también en Calzadilla de Los Barros, que todavía no ha tomado una decisión a la espera de lo que decida la autorización judicial. "Esto ha sido una sorpresa, pero Macías nos asegura que no ha cometido ningún fraude porque utilizar alimentos para pobres en estos centros es legal", asegura el alcalde, Antonio Galván.
La tesis de la legalidad también fue defendida por Macías al ser preguntado la pasada semana por este diario. Ayer no respondió a las llamadas para saber qué hará una vez que los ayuntamientos han decidido (o estudian) retirarle los conciertos en la mayoría de los casos. El pasado viernes aseguró que utilizar alimentos de la UE en centros de mayores y guarderías era una práctica legal y que el hecho de distribuirlos le había permitido "ahorrar un dinero" que había gastado en las nóminas de los trabajadores. Aseguró también que los alimentos habían sido obtenidos de una forma "absolutamente legal en concurso".
