El presunto fraude en ayudas a cursos de formación que investiga el Juzgado número 4 de Mérida, y en el que se implica al exdirigente agrario Luis Cortés, ha salpicado a 1.200 extremeños. Este es el número de personas, desde agricultores a trabajadores y extrabajadores de Coag, familiares de estos e incluso empresarios de distintos puntos de la región, que figuran en las listas intervenidas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de Madrid, cuyos agentes, junto con los de diferentes comandancias tanto cacereñas como pacenses, están investigando.
Hace ya un año que las diferentes investigaciones judiciales abiertas por el presunto fraude del higo, en que está imputado Cortés, desveló otro posible estafa en subvenciones de formación y a la Seguridad Social, que habría sido cometido, entre otros, por el propio exsecretario regional de Coag. Fuentes jurídicas cercanas al caso cifraban entonces en más de nueve millones de euros la cantidad que Cortés habría defraudado entre el año 2002 y principios del 2005, cuando fue expulsado de Coag, cantidad que, tras las investigaciones realizadas, elevan esas mismas fuentes hasta los 12 millones.
El proceso se centra en la supuesta organización de cursos para desempleados, en los que incluso se contrató a profesores pese a que nunca llegaron a realizarse, con el fin de cobrar las ayudas que el Fondo Social Europeo concede a la Forcem (Fundación para la Formación Continua). De dichas subvenciones se hacía cargo la Fundación Tripartita, integrada por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales; los servicios públicos de empleo Inem y Sexpe; los sindicatos CCOO, UGT y CIG; las organizaciones empresariales COE y Cepyme; y las organizaciones agrarias Asaja, UPA y Coag. "De ahí que Luis Cortés aprovechara la participación de Coag, de la que era secretario, para conocer qué ayudas se concedían y para qué cursos con objeto de preparar el entramado necesario de empresas para optar a ellas".
Y ha sido precisamente la Fundación Tripartita, según ha podido saber EL PERIODICO, la que, a requerimiento de la UCO, ha facilitado la documentación y los listados de personas relacionadas con estos supuestos cursos, a las que ahora se investiga.
ACTUACION Del proceso contra Cortés por presunto fraude a ayudas formativas se ha hecho cargo el Juzgado de Instrucción número 4 de Mérida, que mantiene el secreto del sumario, pero EL PERIODICO ha confirmado que desde hace ya varias semanas agentes de la UCO de la Guardia Civil, desplazados desde Madrid, se encuentran en Extremadura investigando este caso.
Y es que por esta actividad delictiva, de la que se culpa a Cortés y en la que inicialmente ya se imputó también a otra veintena de personas --entre ellas algunos de sus familiares, otros exdirigentes de Coag y de la Cooperativa Iniciativa Rural--, podrían verse afectados más de mil extremeños. Un listado en poder de la UCO que ya se ha empezado a investigar y que está generando una gran alarma, reconocieron a este diario algunos de los afectados que aseguran estar "muy preocupados"
De momento, más de medio centenar de personas, de puntos y comarcas tan dispares como Las Hurdes, Azuaga, Plasencia, Campo Arañuelo, Valle del Jerte o Tierra de Barros, han sido ya llamadas a prestar declaración. "En la mayoría de los casos han manifestado no tener conocimiento alguno de los cursos ni haber recibido cantidad alguna por ellos, así como desconocer porqué figuran como alumnos, profesores o beneficiarios en la documentación intervenida a Coag por los procesos contra Cortés y en la facilitada por la Fundación Tripartita".
Como ya se informó en su día, la trama delictiva por la que se imputa a Cortés en este proceso es que utilizaba Coag, la Sociedad Iniciativa Rural y Ceres, así como otras empresas creadas al efecto, para hacerlas figurar como beneficiarias de las ayudas para el desarrollo de cursos que nunca llegaban a impartirse. Para ello, además, contrataba ficticiamente como profesores a trabajadores de su entramado de empresas, inactivas e incluso ficticias, "y así se quedaba con el dinero concedido, tanto por los cursos como por la contratación de los docentes y la adquisición del material, hechos por los que además de un delito de fraude se le pueden imputar los de falsificación documental y de firmas".
Es en los supuestos beneficiarios y profesores de estos cursos, como se ha indicado, en lo que se centra la actual investigación, aún abierta, de los agentes especiales de la Guardia Civil, así como también en sus posibles ramificaciones fuera de la región. Además, ante las sospechas de que situaciones similares en lo que son ayudas para cursos formativos se puedan haber dado también en otras organizaciones agrarias, no se descarta abrir otras investigaciones.
