A día de hoy, los empleados públicos no van a tener, por ahora, problemas para cobrar sus nóminas". Con esta afirmación, el consejero de Economía y Hacienda, Antonio Fernández, garantizó ayer que los recortes en la Administración Pública extremeña no van a repercutir en el cobro de los empleados. Además, aseguró que gracias a los 270 millones de euros aprobados por el Gobierno para que la Junta pueda endeudarse más se podrá hacer frente a la deuda con los proveedores del Ejecutivo regional, que asciende a 537 millones de euros.
Fernández insistió en que una de las medidas que va a poner en marcha en nuevo Ejecutivo autonómico será recortar el 50% del sector público empresarial, pero que eso no va a suponer inconveniente alguno para el cobro de los funcionarios.
Además, recordó el compromiso del actual Gobierno regional para establecer un calendario de pagos que agilice el abono de las facturas de la Administración Pública con las empresas, aunque el consejero no facilitó ningún compromiso sobre fechas máximas para el pago.
Dentro de esos impagos a proveedores, los correspondientes al Servicio Extremeño de Salud suponen una demora de 159 días, según los datos del primer trimestre de este año ofrecidos por Farmaindustria, que sitúan al SES como el servicio regional de salud con menor demora en el pago a los proveedores de farmacia hospitalaria y material sanitario, excluidas las dos comunidades forales (País Vasco y Navarra), que disponen de un régimen fiscal diferente al resto de autonomías y por tanto, no son comparables. Los datos extremeños están muy por encima de regiones como Murcia, Cantabria, Valencia y Andalucía se superan los 600 días; y Castilla León llega a los dos años de retraso en hacer frente a sus deudas.
