Igual que no resulta igual comprar un piso en Cáceres que en Madrid o llenar la bolsa de la compra en Badajoz que hacerlo en Barcelona, tampoco a los extremeños les cuesta lo mismo recibir una donación o una herencia de un familiar que al resto de españoles. De hecho, los habitantes de la comunidad autónoma están entre los que más tributos pagan a la Administración a la hora de recurrir a este tipo de operaciones.
Así lo pone de manifiesto un estudio de la red española de bufetes jurídicos Hispajuris. Sus autores recuerdan que en España ya hay cerca de 17 millones de ciudadanos que no pagan íntegro el impuesto de sucesiones y donaciones gracias a las exenciones aprobadas por sus gobiernos autónomicos. Concretamente se trata de los residentes en el País Vasco, Cantabria, La Rioja, Baleares, Castilla y León, Madrid, la Comunidad Valenciana y Navarra. Mayoritariamente son comunidades autónomas gobernadas por el PP y que en los últimos años han ido reduciendo a la mínima expresión estos tributos, aunque es una decisión que también han tomado formaciones políticas regionalistas o nacionalistas como Coalición Canaria o el Partido Nacionalista Vasco (PNV). El resto se ven obligados a realizar "grandes desembolsos" por este tipo de operaciones, lo que origina una "enorme desigualdad".
En Extremadura, hasta que la decisión de la Junta de Extremadura sea efectiva, habrá que seguir pasando por el fisco a pesar de que los juristas advierten de que en los últimos años son cada vez más las empresas que abandonan una región para instalarse en otra comunidad autónoma donde no se tributa por esto conceptos. E incluso aseguran que hay muchos casos en los que se incurre en fraudes de ley --por ejemplo, mediante donaciones simuladas como compra-ventas-- para eludir estas cargas fiscales.
El motivo es simple. Ante un supuesto de una herencia de 300.000 euros de un viudo en beneficio de un hijo mayor de 21 años, en la región hay que pagar en concepto de impuestos unos 53.700 euros, mientras que en Castilla y León o Madrid sale por menos de 500 euros y en el País Vasco la operación resulta totalmente gratis. En este sentido, los extremeños son los que más tienen que rascarse el bolsillo, seguidos a corta distancia por andaluces (53.692 euros) y manchegos (51.400).
También en donaciones
Eso en el caso de una sucesión. En las donaciones el panorama no difiere demasiado. Según Hispajuris, los extremeños también están al frente de la clasificación de los que más pagan cuando se trata de donar bienes. Así, por ejemplo, si un residente en la región entrega una vivienda --tasada en 300.000 euros-- a su hijo para que la utilice como domicilio habitual, el primero tendrá que pagar 55.466 euros en concepto de impuestos. La misma operación en Madrid cuesta apenas 600 euros mientras que para vascos y riojanos resulta gratuita. Sólo cántabros y aragoneses pagan más (55.486 y 58.000 euros, respectivamente).
Desde Hispajuris señalan que esta disparidad de criterios entre las diecisiete comunidades autónomas a la hora de cobrar el impuesto de sucesiones y donaciones "vulnera el principio constitucional de igualdad" de los ciudadanos españoles y advierten de que la competencia fiscal entre las distintas regiones puede desembocar en una huída de capitales hacia las zonas más favorables para los herederos y los donantes. Ante esta situación, varios gobiernos autonómicos, como el gallego o el asturiano, ya han mostrado su intención de modificar estos tributos.
