El acuerdo salido ayer de las juntas de jueces celebradas en España, en las que se ha comenzado a hablar de de una posible huelga, ha abierto todo un debate sobre el ejercicio de este derecho en un colectivo, el judicial, que como tercer poder del Estado se debe ante todo al interés general.
¿Tiene un ministro derecho a huelga? ¿Y un diputado?
Preguntas como estas lanzan al aire los más reacios a aceptar una protesta de este tipo de los jueces, que según la portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gabriela Bravo, no tienen reconocido el derecho de huelga, pero tampoco prohibido, porque no hay nada previsto en nuestro sistema.
La Constitución Española reconoce en el artículo 28 "el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses" y establece, sin referencia concreta a ningún colectivo, que será la ley que regule este derecho la que fije las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales.
Sin derecho a sindicarse
No obstante, el artículo 127 de la Carta Magna sí establece las incompatibilidades de los jueces, magistrados y fiscales, quienes mientras estén en activo no podrán desempeñar otros cargos públicos, ni pertenecer a partidos políticos o sindicatos, es decir, que los jueces sí quedan excluidos del derecho a sindicarse.
Los jueces han puesto de manifiesto su "pleno convencimiento de ser titulares del derecho a huelga" en algunas de las reuniones celebradas ayer, como ha sido el caso del escrito firmado por 15 magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, entre otros. Algunos han ido más lejos, y en Murcia y Extremadura ya han puesto fecha a la huelga, que tendrá lugar el 18 de febrero, mientras que en el resto han acordado volver a reunirse el 21 de enero para tomar la decisión definitiva.
De llevarse a cabo será la primera huelga de jueces en España, aunque no en Europa, como también alegan los partidarios de la protestas, que recuerdan que en países como Francia, Portugal e Italia, los jueces fueron en su día este tipo de paros para exigir un aumento de sus retribuciones.
Las asociaciones judiciales reconocen que es un tema controvertido y, aunque no renuncian al derecho a la huelga, consideran que debe ser el último recurso y no ven que ahora sea el momento de parar la judicatura. Así, Miguel Angel Gimeno, portavoz de Jueces para la Democracia (JpD), ha dicho a Efe que no cree que "ahora haya el ambiente para realizar de una manera inmediata ninguna huelga", si bien tampoco descarta que se pueda materializar en un futuro.
"La huelga no se hace a priori. Otra cosa es que haya alguna junta que haya querido poner la palabra huelga por ahí, para que sea un poco más sonora. No creo que haya en estos momentos ninguna propuesta seria de huelga", asegura. Según Gimeno, de momento el Consejo está atendiendo sus demandas y el Ministerio también está haciendo gestiones, por lo que apela a esperar a comprobar si los objetivos se cumplen de aquí a seis meses.
Desde la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Antonio García, también considera que una medida tan drástica y extraordinaria como la huelga sería un recurso último, tras haber agotado sin posibilidades de acuerdo otros caminos. "El escenario en este momento no nos coloca en ese punto", ha indicado García, tras lo que ha manifestado que, mientras no se agoten otros caminos, le parece una desmesura y un clarísimo ejemplo de irresponsabilidad el que se pueda estar hablando y planteando que los jueces ejerzan un derecho que es "discutible".
Por el contrario, Lorenzo del Río, portavoz de la Asociación Francisco de Vitoria, ha señalado que "quizá la carrera judicial, aunque es un poder del Estado, tiene un componente que no impediría el ejercicio del derecho de huelga". En cualquier caso, comparte con el resto de asociaciones que debe ser "una cosa excepcional en un momento en el que se vea que fallan las soluciones por otras vías concretas".
