Extremadura será una de las comunidades más afectadas por la huelga del transporte que comenzó la pasada madrugada debido a que esta semana debe comenzar a salir de la región la fruta extremeña con destino a otros lugares de España y el resto de Europa. Por ello la Junta considera clave que el conflicto se resuelva en cuatro o cinco días, "a mediados de semana, como más tardar", pues de otro modo se producirá "una situación dramática" y se causará "daños irreparables en el campo" que está en el momento de máxima producción en la campaña de la fruta de verano.
Así lo puso de manifiesto el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, ayer en Badajoz, tras una reunión con la delegada del Gobierno, Carmen Pereira, quien insistió en la disposición de la Administración al diálogo. Ambos expresaron su respeto al derecho de huelga, que debe ser compatible con el derecho al trabajo y al de libre circulación, dijeron. En este sentido, la Delegación del Gobierno garantizará el abastecimiento de materias fundamentales.
Fernández Vara transmitió la tarde del pasado sábado a la vicepresidenta del Gobierno la grave situación que se plantea en Extremadura porque la huelga llega justo en el momento "de máxima producción y en plena campaña de fruta, que comenzará a salir de la región esta semana, mientras que en otras zonas, como Andalucía o Murcia ya han salido hacia su destino". Vara ha pedido al Gobierno y al sector responsabilidad y que tengan en cuesta esta circunstancia.
NEGOCIACIONES ABIERTAS Vara defendió la necesidad de salir de una situación que calificó como difícil, y manifestó su deseo de que en las mesas de negociación abiertas entre el Gobierno y el sector se alcancen acuerdos lo antes posible, y de actuar en consecuencia ante las posibles repercusiones que pueda tener, pues "la fruta no es algo que espera". Y recordó que este sector regenera 22.500 puestos de trabajo diarios --16.000 en el campo y 8.500 en las centrales frutícolas-- y tiene una facturación diaria de 4,32 millones de euros.
El presidente pidió al sector que sea consciente de "lo mucho que se juega Extremadura" y apostó por una rápida solución del conflicto, por las consecuencias que puede tener para "gente humilde, pequeños agricultores y para 22.000 familias del sector de la fruta para las que la huelga puede tener mucho impacto".
Fernández Vara agradeció a la delegada del Gobierno su colaboración para resolver este problema, e insistió en su confianza en la "responsabilidad de todos los actores de esta situación para que se pueda llegar a una solución factible". Y señaló como las zonas afectadas por la circulación de frutas en la región, además de las sedes de las centrales frutícolas, las vegas del Guadiana --Altas y Bajas--, la de Mérida, el Jerte, Alagón y el Valle del Tiétar.
Carmen Pereira, por su parte, manifestó, como Fernández Vara, su comprensión y la del Gobierno por la situación que atraviesa el sector del transporte, no solo por el incremento de los precios del petróleo y de los carburantes, sino que --recordó-- también por el enfrentamiento entre transportistas y cargadores, un ámbito éste en el que el Gobierno no puede intervenir por ser un problema que corresponde a las partes, pero que sí propicia el diálogo.
El Gobierno, dijo Pereira, respetará el derecho a la huelga, al igual que el de trabajo y también protegerá el derecho a la libre circulación, al tiempo que garantizará el abastecimiento de materias sensibles, como carburantes, alimentos o medicinas. Destacó que hay cinco ministerios implicados en las mesas de diálogo abiertas para buscar soluciones, que podrían ser de carácter estructural, "como la reestructuración de un sector muy atomizado", con medidas encaminadas a dejar la actividad antes de la jubilación u otras de carácter fiscal sobre los hidrocarburos u otros tributos.
BUSCAR SOLUCIONES No obstante, la delegada del Gobierno aclaró que las pretensiones del sector no dependen solo del Gobierno, pues hay un conflicto mercantil con los cargadores en el que el Gobierno intenta facilitar el diálogo, y que éste trabajará con la voluntad de lograr soluciones justas en las mesas entre el ministerio y la Confederación Nacional de Transporte.
Por otro lado, subrayó que el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil protegerán las centrales logísticas y a los convoys que salgan de la región hacia otros lugares de España y del exterior. Interior, en caso de necesidad, pedirá la colaboración de los ayuntamientos para que intervenga la policía local en la protección de centros de distribución o grandes superficies, en caso de que fuese necesario.
Pereira apuntó que la Junta Regional de Seguridad analiza las zonas donde se pueden generar conflictos como consecuencia de la huelga. Estas son las zonas de producción de fruta, las sedes de las centrales frutícolas desde donde se distribuye o se manipula, los centros comerciales y se verá la incidencia en la zona fronteriza, pues el transporte luso está dividido ante la huelga y puede ser un punto conflictivo.
"Desde la responsabilidad que tenemos de garantizar la libre circulación, y por las características y consecuencias económicas, es el sector de la fruta el más sensible, pero hay otros temas que hay que garantizar, como el suministro de productos alimenticios básicos y medicinales, gas, petróleo y sus derivados, que son muy importantes" .
