--El aumento del paro y de la inflación son compatibles con un fuerte crecimiento económico y un importante superávit. ¿En rigor se puede hablar de crisis o de recesión?--Hay una enorme incertidumbre: cada día del pasado enero 4.400 personas se quedaron en paro. Ese hecho y la inflación son datos que afectan a las personas. Además, tenemos un grave problema de competitividad, con un 10% de déficit exterior y un gran endeudamiento de familias y empresas.

--Todo eso, ¿es culpa del Gobierno o de las turbulencias internacionales?--La política económica del Gobierno ha sido uno de sus grandes fracasos, porque se ha limitado a vivir de la herencia y la inercia. No ha hecho nada y ni siquiera quiere reconocer la realidad. Es evidente que quien no admite la realidad no está dispuesto a cambiarla.

--El secretario general de la Confederación de Comercio de Cataluña, Miguel Angel Fraile, ha pedido a los políticos que no lancen mensajes pesimistas porque retraen el consumo. ¿Se da por aludido?--En absoluto, yo lanzo mensajes realistas. ¡Llega un momento en que uno ya no puede ni hablar! Las encuestas del CIS y la caída de los índices de confianza demuestran que aquí sí que están pasando cosas, y lo que no se puede hacer es engañar a la gente. Pero es que a Zapatero no le preocupa la economía, no le dedica ni un minuto, y además Solbes está agotado. Ya no lo veo para esto.

--Ahí entra Pizarro, su fichaje estrella. ¿Alguien tan identificado con el sector privado tiene credibilidad para gestionar lo público, por ejemplo el sistema de pensiones?--No le quepa la menor duda. Quien ha hecho las cosas bien en la actividad privada es una garantía de que lo hará mejor en la vida pública. Pizarro no entra en política para ganar dinero, no lo necesita. Viene a servir, y a mí eso me da garantías. Me gustaría que hubiera muchos políticos así, que hubieran triunfado en el sector privado y luego entraran en una vida dura, difícil, donde las remuneraciones son muy modestas.

--Si fuera presidente, ¿cuál sería su plan de choque económico?--Será un plan para restablecer la confianza y la credibilidad de la economía española. La primera decisión, que tomaremos antes del verano, será bajar el impuesto de sociedades: al 25% para las grandes empresas y al 20% para las pymes. A cambio, pediré a las empresas que inviertan más en investigación, nuevas tecnologías y formación, y que se tomen más en serio la conciliación de la vida laboral y familiar.

--¿Cómo?--Impulsando nuevas fórmulas de trabajo, con horarios más flexibles. Hoy las fórmulas de trabajo se pueden regular de otro de manera. Ya no se trata de estar ocho horas en el puesto de trabajo, porque se puede establecer un sistema basado en el cumplimiento de objetivos. Muchas mujeres han dejado su empleo porque era muy difícil compatibilizarlo con la vida familiar. En España trabajan 12 millones de hombres y ocho millones de mujeres. El objetivo es equiparar esas cifras, aunque no será fácil en una legislatura.

--Esa rebaja fiscal, ¿se condicionará a la flexibilización de horarios?--El impuesto de sociedades bajará en todo caso al 25% para grandes empresas y al 20% para pymes, pero si logramos un gran acuerdo nacional por la competitividad podríamos reducir el impuesto al 20% para todas las empresas. Es vital para nuestra economía, porque en Irlanda se paga un 12,5% y en la Europa del este, un 17%. Luego hablaremos con los agentes económicos y sociales de la conciliación laboral, la innovación y la formación. Y, desde enero del 2009, bajaremos el IRPF para que no paguen ni tengan retención quienes cobren menos de 16.000 euros año.

--Zapatero cifró en 5.000 millones el coste para el Estado de la prometida devolución de 400 euros. ¿Por qué no ha explicado el PP el impacto recaudatorio que supondría su rebaja fiscal?---Con la rebaja fiscal que hicimos en 1998, la recaudación bajó un poco el primer año y subió el siguiente. La propuesta de Zapatero es más fácil de cuantificar, pero también es la medida socialmente más regresiva que he visto en mi vida: quien gane un millón de euros al año va a recibir 400 euros, y quien solo cobre 10.000 euros no recibirá nada.