El estudio elaborado por Adena denominado Incendiómetro 2008 sitúa a Extremadura entre las regiones más vulnerables ante los incendios forestales. Escasa gestión del monte, pocos fondos y precaria investigación para determinar las causas y motivaciones de los fuegos configuran los aspectos más negativos para la región. Desde la Junta se ha reaccionado agradeciendo el análisis pero indicando que se utilizan parámetros poco adecuados para Extremadura.

Según el Incendiómetro apenas el 0,6% de la superficie forestal extremeña tiene un plan de gestión que establezca de manera sistemática el uso y los cuidados del monte que eviten los incendios. Asimismo, se señala que la inversión en las zonas de responsabilidad pública es inferior a los 14 euros por hectárea, la más baja de España. Otros aspectos negativos estarían en el despoblamiento de las zonas rurales estaría suponiendo que áreas extensas queden sin cuidados.

Como dato, el informe indica que las pérdidas económicas causadas por los incendios entre 1991 y el 2006 equivalen a un tercio del presupuesto regional del 2007, esto es, más de 1.500 millones de euros.

Aunque se apunta como aspecto positivo que estén aumentando las detenciones relacionadas con los fuegos intencionados y el número de identificaciones de los causantes de los mismos, se explica que la superficie quemada creció entre el 2000 y el 2006 en un 61% respecto a los nueve años anteriores y que además la media de terreno quemado por grandes incendios subió de manera muy importante, al pasar de 800 hectáreas a 1.500 hectáreas.

CAUSAS IGNORADAS Otra variable que el estudio de Adena destaca como muy negativa para Extremadura es que está entre las regiones donde más incendios de causa desconocida se producen, lo que dificulta la identificación de los posibles problemas y la propuesta de soluciones.

Así se explica que el 36% de los fuegos se califican como "de causa desconocida" lo que ya de por sí es un porcentaje muy elevado. Pero es que además, en los incendios que se incluyen como intencionados, se recoge que en ocho de cada diez la motivación no está determinada.

De este modo, alrededor de dos tercios de los fuegos se encontrarían en el grupo de "incendios con causa no aclarada". Los responsables del informe señalan que "estos parámetros tan elevados ponen de manifiesto una deficiente política de prevención de incendios, puesto que éstos difícilmente podrán evitarse si no se tiene una fotografía clara de las motivaciones sociales que los originan".

Respecto a la evolución de los grandes incendios, el estudio pone en evidencia que "cada vez los grandes incendios son más grandes". Así, y pese a que el 2003 fue un año nefasto por el número de hectáreas quemadas, en el 2005, cuando sólo hubo cuatro grandes incendios, cada uno quemó más superficie, una media de 3.300 hectáreas, con lo que se concluye que "la problemática de los grandes incendios en Extremadura va claramente en aumento".

En su parte final, en el capítulo de recomendaciones, los autores del informe explican que la política de la Administración autonómica plasmada en la ley del 2004 donde se responsabiliza a los propietarios de montes de los trabajos y costes de restauración de las zonas incendiadas, al tiempo que se les cobra una tasa de extinción, debería encaminarse a sancionar a los causantes del fuego intencionado "o hacia aquellos que se benefician de la ocurrencia de un incendio".

También se reclama más impulso a la determinación de las causas y motivaciones desconocidas en dichos incendios.

TIEMPO DE RESPUESTA Ante estas apreciaciones, el consejero de Industria, Energía y Medio Ambiente, José Luis Navarro, tras agradecer los estudios "porque hay que valorar la aportación que suponen y el esfuerzo de análisis de los medios", matizó que las comparaciones entre comunidades autónomas "no recogen las profundas diferencias que existen entre ellas".

De este modo, Navarro indicó que en Extremadura la superficie forestal ocupa el 70% del territorio, "pero la mayor parte es del tipo dehesa con baja densidad de arbolado, y sus necesidades de cara a los incendios son muy distintas a las de los bosques densos que existen en otras regiones".

El consejero indicó que desde el Gobierno regional se valora como uno de los principales parámetros a la hora de medir la eficacia del sistema de prevención y extinción es el tiempo de respuesta ante un aviso.

"En este sentido, estamos en tiempos de respuesta de entre 15 y 17 minutos, que son unos valores muy buenos", manifestó el responsable del operativo contra los incendios.

A juicio de Navarro "ese es el modo en que debemos medir nuestros medios, porque estamos en el mejor tiempo de respuesta de España, y con una configuración del Infoex adecuada al tipo de superficie forestal que hay en Extremadura".

El consejero comentó que cuando se hacen las comparativas a nivel nacional "este tipo de cuestiones no se matizan en los informes nacionales", lo que provoca desajustes en las conclusiones.