Durante el pasado año, el área de extranjeros de la Inspección de Trabajo detectó infracciones en la contratación de 70 inmigrantes en Extremadura, según datos del ministerio, e impuso sanciones por casi 344.600 euros.
La cifra de ilegalidades reveladas por las inspecciones puede resultar positiva si se tiene en cuenta fueron más del doble que en el 2001. Sin embargo, al compararlas con los números aportados por la encuesta del Consejo Económico y Social (CES) en su informe sobre La Inmigración en Extremadura , queda en evidencia que las inspecciones apenas han revelado una pequeña parte de la punta del iceberg.
El CES tira de los padrones municipales de los pueblos extremeños para afirmar que en la región viven más de 19.500 inmigrantes, cifra muy superior a los que tienen registrados tanto el Ministerio del Interior como el INE. Además, en el desglose por edades, se certifica que la mayoría de ellos (un 80%) están en edad laboral.
Otro dato aportado por este estudio permite conocer que un 47% de los extranjeros que viven aquí trabajan sin contrato (el 54,5% de los que hay en Badajoz y un 30,8% de los de Cáceres), lo que permite concluir que el número de inmigrantes que trabajan sin soporte legal en la región puede rondar los 7.000.
La falta de papeles convierte a muchos de estos extranjeros en presa fácil para una minoría de empresarios sin escrúpulos. Otros ni siquiera son conscientes de su situación, como las mujeres que se dedican al servicio doméstico y un nutrido grupo de jornaleros, y otras, según el CES, se ven abocadas a la prostitución como único medio de subsistencia.
