En Extremadura la mayoría de los dueños de bares y locales de ocio de menos de cien metros cuadrados decidieron, tras la aplicación de la ley antitabaco el 1 de enero, permitir fumar a sus clientes, ya que consideran que la prohibición afecta negativamente a sus negocios. Pero para estos locales no era necesario delimitar espacios para fumadores, tan solo estaban obligados a avisar a los clientes con un cartel visible en la entrada.
En cuanto a los establecimientos de más de 100 metros cuadrados, las repercusiones de la normativa son distintas. Los datos que manejaba hace unos meses la Federación Española de Hostelería, en base a la experiencia de otros países, señalaban que se produciría una caída en la facturación de estos negocios de un 8%, lo que en Extremadura podría suponer pérdidas de más de 50 millones de euros anuales, así como la puesta en peligro de 700 empleos.
