En Extremadura hay unas mil personas trabajando en el ámbito de la justicia. No todas ellas pasarían a depender de la Administración regional si se llegase a un acuerdo para asumir las competencias en esta materia --jueces y secretarios judiciales, por ejemplo, seguirían dependiendo del Consejo General del Poder Judicial y el ministerio--.
CSI-CSIF es el sindicato mayoritario en este ámbito. Su presidente a nivel regional, José Fernández, opina que la decisión del nuevo Gobierno de la Junta de Extremadura, que va a renunciar por ahora a hacerse cargo de las competencias en Justicia, es un error. "Creo que es fruto del desconocimiento y una falta de miras. La transferencia no tiene por qué ser un problema financiero si se negocia bien con el ministerio y se consiguen unas buenas condiciones económicas".
En su opinión, "no es justo" que la comunidad autónoma continúe sin tener estas competencias mientras que la mayoría de las regiones (12) ya las ejercen: "mejoraría la calidad del servicio al ciudadano, con mayor cercanía y rapidez para solucionar los problemas; y seguramente también mejorarían las condiciones laborales de los trabajadores de la justicia".
