José M. Corbacho: "Esto es ya algo imparable"

LUGAR DE RESIDENCIA RESIDE EN EXTREMADURA, CONCRETAMENTE EN BADAJOZ, DESDE HACE 22 AÑOS

PROFESION LICENCIADO EN DERECHO Y SOCIOLOGIA

"Una gran satisfacción". Es la respuesta que sin dudar un segundo dio ayer el presidente de la Asociación para la Memoria Histórica de Extremadura, José Manuel Corbacho, al preguntarle cómo habían acogido la noticia sobre el auto del juez Baltasar Garzón.

--Una satisfacción que quizás enturbia la decisión de la Fiscalía de recurrir, ¿no?

--La posición de la Fiscalía ya la imaginábamos, teniendo en cuenta que en enero pasado hizo un informe en el que rechazaba de plano las denuncias.

--¿Y que opinión le merece la justificación dada por la Fiscalía de que los delitos prescribieron en 1977 con la Ley de Amnistía?

--Jurídicamente este es un tema bastante discutible. Y no solo lo digo yo, en mi condición de abogado, sino que hay juristas de reconocido prestigio, como el magistrado emérito del Supremo José Antonio Martín Pallín, que sostienen que la Ley de Amnistía es una ley preconstitucional y que por tanto no tendría esos efectos, puesto que los hechos que se denuncian no se circunscriben solo a la época de la contienda, del 36 al 39, pues en cierto modo tuvieron una continuidad y permanencia. Después del 39, durante los años 40, siguió habiendo desapariciones, ejecuciones sumarias... y lo que se viene a sostener es que en esa época existía además ya un derecho internacional que precisamente establecía la no prescripción de este tipo de delitos.

--Lo que parece claro, teniendo en cuenta las múltiples muestras de apoyo al auto de Garzón, es que en este asunto la Fiscalía está sola. ¿Les hace esto ser optimistas?

--Bueno, todo esto hay que tomárselo con cautela, máxime teniendo en cuenta que la Fiscalía no va a interponer primero un recurso de reforma ante el propio juez, sino que como la ley se lo permite su recurso va a ir dirigido directamente a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, y en esta no hay un solo magistrado, sino varios, y su composición es muy variopinta. Personalmente me gustaría que tratándose de un tema de tanta envergadura la resolución del recurso de la Fiscalía se tomara por el pleno de la Sala, por todos los magistrados.

--Sea como sea, ¿la asociación está dispuesta a seguir?

--Así es. Para nosotros lo realmente importante es que este asunto es ya imparable, y lo que está claro es que la mayor parte de las asociaciones, incluso en el caso de que la Sala revocara el auto de Garzón, están dispuestas a recurrir a más altas instancias: al Supremo, al Constitucional e incluso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos si fuera necesario.

--De todas formas ya ha sido mucho lo conseguido, ¿no lo cree?

--Por supuesto, pues de momento lo que ya ha puesto sobre la mesa la investigación judicial, que es muy positivo, son las claras insuficiencias de la Ley de la Memoria Histórica, pues si realmente hubiera habido una mayor sensibilidad y esta ley hubiera sido mucho más flexible y amplia no se hubiera tenido que acudir a la vía judicial; y elementos suficientes para hacer comprender que el Estado no puede continuar haciendo dejación de sus funciones, como ha venido haciendo en estos últimos 30 años.

--¿Quiere decir que se sienten abandonados por el Estado?

--Lo que sí está claro es que todo el peso de la resolución de este problema no puede recaer en exclusiva en las asociaciones. Pero por una cuestión de simple legalidad, es decir, hay una constatación clara de que existen multitud de fosas comunes, de enterramientos ilegales, y esto es una cuestión de legalidad ante la que el Estado no puede, por más tiempo, hacer dejación de sus funciones, no puede dejarlo todo en manos de las asociaciones y limitarse a dar alguna subvención.

--Una cuestión de legalidad dispuestos a hacer cumplir ¿para?

--Fijar la verdad, la justicia y la reparación. Pero como he dicho, con independencia del resultado final de este proceso, yo creo que hay cosas ya que no tendrán vuelta atrás, entre otras, que el Estado tendrá definitivamente que asumir sus responsabilidades en las tareas de localización e identificación de las víctimas; que el control judicial de esas tareas es esencial; y que no puede hacer recaer todo ese peso sobre las familias y sobre las asociaciones.