La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ha dado la razón a la Junta de Extremadura en el conflicto que el PP planteó contra la cédula de habitabilidad, a través de algunos de los ayuntamientos gobernados por alcaldes de su partido, como Badajoz o Mérida.

Según indica el Ejecutivo en una nota, en sentencia del 22 de enero de 2004 la sala desestimó el recurso planteado por el Ayuntamiento de Badajoz contra el Decreto 158/2001, de 9 de octubre, por el que se regula la tramitación y concesión de la Cédula de Habitabilidad.

Además, recuerda que este recurso vino precedido "por una fuerte campaña de desprestigio de la cédula" organizada por el secretario general del PP y concejal del Ayuntamiento de Badajoz, José Antonio Monago, "asegurando que se vulneraba la autonomía municipal y que no se dotaba de fondos a los municipios". Para la Junta, "como en reiteradas ocasiones ya manifestó la Consejería de Fomento, la cédula de habitabilidad no pretende otra cosa que garantizar a los usuarios la calidad de las viviendas que van a adquirir o arrendar".

Añade que se trata de acreditar a los ciudadanos que una vivienda es apta par la residencia humana, ajustándose a criterios de habitabilidad, seguridad estructuras y constructiva.

La Junta indica que "esta sentencia pone fin a la campaña orquestada por el PP contra la Cédula de Habitabilidad", cuyo objetivo no era otro que confundir a la opinión pública sobre los efectos positivos que para los usuarios tiene la cédula.

Agrega que los ayuntamientos no necesitarán técnicos complementarios, puesto que las funciones que venían realizando sus técnicos respecto a la licencia de primera ocupación las ejercerán respecto de la cédula de habitabilidad sin un incremento de funciones desmesuradas que impidan que puedan informar los propios técnicos municipales.