Los tribunales han aprobado 157 órdenes de protección para mujeres extremeñas maltratadas desde la entrada en vigor de esta figura legal, en agosto del año pasado, tal y como reflejan las estadísticas facilitadas por el Ministerio de Justicia.

Esta orden supuso en su momento la unificación de todos los instrumentos de amparo y tutela a las mujeres que eran víctimas del denominado terrorismo doméstico . La principal novedad, que se aprobaba en un máximo de 72 horas desde que se solicitaba e incluía la adopción de medidas cautelares, siendo la más común la orden alejamiento, que prohibe al agresor acercarse a la víctima.

En concreto, según los últimos datos que ha hecho públicos el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), los jueces de la región conceden el 88% de las solicitudes que presentan las maltratadas y en prácticamente todas las ocasiones se incluye una orden de alejamiento.

MAS MEDIDAS Asimismo, en siete de cada diez casos se prohíbe al agresor ponerse en contacto con la víctima. Aunque algo menos generalizado, también es habitual que el juez decrete desde el primer momento la prohibición de volver al lugar de los hechos, la atribución de la vivienda, la custodia y el régimen de visitas a los hijos. La medida menos adoptada --sólo en el 6% de los casos-- es la prisión preventiva para el agresor.

Sin embargo, uno de los problemas que denuncian las víctimas de malos tratos es el incumplimiento sistemático de las órdenes de alejamiento, lo que deja a estas mujeres en una situación de indefensión. Desde la asociación Malvaluna reconocen que en la mayoría de los casos "las mujeres están desamparadas porque tristemente se incumplen" las resoluciones de las instancias judiciales.

En opinión de esta organización, el gran problema es "que no suele haber testigos" y prevalece la presunción de inocencia del agresor. Como ejemplo, relatan un caso reciente en el que una juez de Mérida dictó un auto en el que venía a reconocer que el hombre había incumplido la orden de alejamiento y había atentado contra la vivienda de la víctima. "Sin embargo, no dictó prisión", por lo que todo siguió igual.

LAS AYUDAS Por otra parte, y aunque sean menos conocidas, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales ofrece dos tipos de ayudas económicas a las mujeres que padecen esta lacra. La más importante es el Programa de Renta Activa de Inserción, por el que las víctimas perciben una ayuda de 345 euros mensuales durante 10 meses, una cantidad que puede incrementarse hasta los 900 euros si se ven obligadas a abandonar su domicilio.

La segunda vía que maneja el ministerio es la de dar ayudas a empresas para facilitar la incorporación de las víctimas al mercado laboral. De esta forma, la empresa que contrate a una víctima verá reducidas durante dos años sus cotizaciones a la Seguridad Social en un 65%.

También se han firmado convenios con varias empresas para posibilitar la plasmación de contratos indefinidos.