Los jueces extremeños convocan para el 18 de febrero la primera huelga de España

Los jueces adoptaron sus acuerdos por unanimidad, entre ellos la convocatoria de la primera huelga que tendría lugar en el ámbito judicial nacional, para el 18 de febrero del año próximo, si antes el Ministerio de Justicia no ha atendido sus reclamaciones. La junta se celebró como otras en el país, pero solo dos la huelga sin esperar a enero.

Emilio García Cancho afirmó: "Murcia y nosotros somos los pioneros; nos hemos arriesgado y soportaremos la responsabilidad si llegara el caso". La convocatoria, añadió, "no tiene relación, con la junta celebrada el mes pasado coincidiendo con el paro de los secretarios judiciales". La situación la dibujó uno de los jueces: "Llevamos así 40 años y el vaso ya ha rebosado".

REIVINDICACIONES. La judicatura plantea reclamaciones sobre su responsabilidad, retribuciones, vacaciones, personal y sustitutos para poder tener "un mes de vacaciones completo", según el juez de Badajoz.

Los acuerdos adoptados por la Junta Autonómica de Jueces los remitirán a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura y al Consejo General del Poder Judicial (CGPD).

"Como hay mucha problemática sobre el derecho a la huelga de los jueces, el CGPJ no se pronuncia; si lo hiciera se podría recurrir ante el Tribunal Supremo (TS). Ahora nadie sabe si hay derecho o no", manifestó García Cancho. La opinión generalizada entre los asistentes era que "como trabajadores y como ciudadanos" tienen el derecho constitucional de huelga.

En la actualidad hay dos asociaciones judiciales, la Francisco de Vitoria y el Foro Independiente de Jueces, que dicen que la huelga es legal; las demás no han pronunciado. García Cancho confirmó la intención de la Junta de Jueces de, "si se niega la huelga, plantear los recursos correspondientes. Ahora, al no haber ninguna resolución, estamos en el limbo", dijo.

ACUERDOS. Los acuerdos de la Junta Autonómica de Jueces se refieren a la "inquietud" existente por las necesidades y el estado actual de la justicia y el ejercicio de sus funciones. Son cuatro.

En cuanto a la situación judicial, plantean "la delimitación clara y precisa de las funciones y responsabilidades atribuidas a los respectivos colectivos de jueces, secretarios y funcionarios; regulación del régimen disciplinario de jueces y mantenimiento de la competencia del juez en la agenda de señalamientos", porque se lo quieren dar a los secretarios, aseguraron.

También reclaman el "aumento y reestructuración de la planta y demarcación judicial, la delimitación de cargas de trabajo razonables que puede asumir cada juez y magistrado, con la intención de trabajar exclusivamente al 100% de los módulos indicados por el Consejo, porque ahora se pasa de los 130 y 140".

Con respecto al estatuto de la carrera judicial, piden "la supresión del traslado forzoso por ascenso; revisión de retribuciones por el servicio de guardia, que salen a 0,49 euros la hora; la equiparación con el salario percibido por los integrantes de la carrera judicial de los países del entorno europeo; más sustitutos en la CCAA, los necesarios para cubrir las necesidades y tener derecho a un mes de vacaciones".

Finalmente, fijaron "la fecha de 18 de febrero del 2009 para convocar una huelga por parte de jueces y magistrados en la región, sin perjuicio de que en la próxima junta autonómica, del 21 de enero del 2009 en Mérida, se llegara a algún acuerdo o postulado diferente en consonancia con lo que el Ministerio de Justicia adopte respecto a las reivindicaciones indicadas. Todo ello sin perjuicio de posible convocatoria de huelga indefinida si no hay acuerdo".