El juez del 'caso Plasencia' dice que cuando gobernó Blanco se sustrajo dinero público

Como se recordará, este juzgado ha instruido durante meses la citada causa. Lo averiguado durante la instrucción se recoge en el auto difundido ayer y del que se concluye que el juez cree haber encontrado indicios para imputar a Elia Blanco y los concejales Blas Raimundo, Enrique Tornero, Francisco Javier Barbancho y al constructor José Antonio Romero Vega delitos de prevaricación, fraude y exacciones legales y tráfico de influencias. A los también exconcejales Mónica Díaz y Pablo Sánchez del Mazo les imputa los delitos de prevaricación y tráfico de influencias, (no de fraude y exacciones legales) mientras que a los otros dos imputados en esta causa, el interventor Roberto del Olmo Martínez y el secretario Antonio Jesús Santibáñez Fernández, los exonera de responsabilidad penal.

SUSTRACCIÓN DE DINERO

Lo más novedoso del auto no son, sin embargo, los delitos que les imputa a los investigados, sino el levantamiento de la responsabilidad penal al interventor y al secretario y, sobre todo, la acusación de la sustracción del dinero público que se deriva de los hechos investigados. La frase entrecomillada que inicia esta información está incluida en un párrafo que textualmente dice así: "Es cierto y resulta indubitado que en la ejecución de la totalidad de las obras enjuiciadas, con la excepción de las realizadas en el polígono margen derecha y las de la pista de 'La Data', hubo una notoria y manifiesta sustracción de caudal público, de conformidad al informe pericial obrante en las actuaciones, atendiendo o tomando de base los precios de la Junta de Extremadura que están por encima de los precios de mercado".

A continuación, el juez señala que "a lo largo de la investigación ha resultado imposible, de conformidad a la averiguación patrimonial y posterior registro de intereses, indagar el destino del importe sustraído, si bien resulta indubitado y suficientemente acreditado que en la ejecución de tales obras se distrajo una cantidad significativa del erario público".

El auto difundido ayer es de preparación de la apertura de juicio oral, con lo que acaba la fase de instrucción, y para la cual pide a la Fiscalía y a la acusación particular que, en el plazo de diez días, soliciten la citada apertura formulando escrito de acusación o de sobreseimiento de la causa o, si es el caso, pidan alguna diligencia más para tipificar los hechos.

El juez Cano de Lasala desgrana la responsabilidad de cada imputado. Así, del exconcejal de Obras Blas Raimundo dice que firmó la propuesta de gasto para los trabajos de acondicionamiento del aparcamiento de 'La Isla' así como las facturas derivadas de ello con el consiguiente fraccionamiento, tramitando como contrato menor (es decir, por debajo de 50.000 euros) una obra cuya cuantía ascendía a casi 93.000 euros, "girando las pertinentes facturas o ejecuciones a favor del empresario José Antonio Romero Vega, dándoles a todas ellas el visto bueno, aprovechándose de la relación y trato de favor existente entre ambos".

De igual modo procedió el exconcejal de Deportes Enrique Tornero, fraccionando las facturas y tramitándo como contrato menor las obras de la pista de motocross, que ascendían a 104.000 euros; las de la piscina climatizada de Sor Valentina Mirón, cuyo importe era de 130.000 euros; las de la ciudad deportiva, "donde permitió en connivencia con el constructor la emisión de facturas con conceptos difusos e imposibles de fiscalizar, duplicando conceptos hasta alcanzar el importe de 208.000 euros"; y las obras del campo de fútbol 'Los Pitufos' por importe de 208.000 euros, que tramitó también como contrato menor. El instructor aquí le asesta una pulla a Tornero y le acusa de "jactarse ante la opinión pública de disponer de una partida equivalente a 180.000 euros, asignada según presupuestos del año 2007".

A Francisco Javier Barbancho, en su condición de concejal de Hacienda y alcalde en funciones, le imputa haber iniciado un expediente con un decreto sin firma y haber justificado el fraccionamiento de las obras del aparcamiento de 'La Isla' en la existencia de una fiesta popular y en la insuficiencia de crédito, a pesar de que lo había por importe de 292.000 euros. Barbancho, según el juez, permitió que esas obras comenzaran antes de haberlas licitado, además de hacer, como los anteriores, fraccionamiento de obras por importe de 95.000 euros y tramitadas como contrato menor. Hizo caso omiso a las observaciones, que no reparos, del interventor sobre la repetición de conceptos y fraccionamientos de obras.

MÁXIMA RESPONSABLE

De la ex alcaldesa Banco, el auto dice que es la "máxima responsable de los hechos" en lo que respecta a las obras reseñadas a excepción de las del aparcamiento de 'La Isla', dada su implicación en la aprobación del gasto al ser la ordenadora de los pagos y la que los aprueba, "teniendo, o cuando menos debiendo tener, conocimiento de las irregularidades existentes a efectos de denegar el gasto como de ordenar el pago, así como conocimiento del trato de favor existente entre los consejales imputados y el constructor en cada una de las obras" objeto de la investigación.

A la ex concejal de Obras, Mónica García, el juez le imputa haber fraccionado en 18 facturas las obras de la margen derecha del polígono industrial, y en cuatro las de la pista de 'La Data', cuyo importe era de 208.000 y 40.500 euros respectivamente; y al ex concejal de Hacienda, Sánchez del Mazo, haber dado el visto bueno a las propuestas de gasto de las dos obras anteriores obviando las observaciones del interventor.

La relación de imputados se cierra con el constructor José Antonio Romero Vega, de quien el juez dice que intervino en "la perpetracíón de los hechos delictivos", se prestó al fraccionamiento ilegal de las obras para su adjudicación directa sin necesidad de oferta pública, e igualmente y "de forma intencionada emitió facturas con conceptos imposibles de fiscalizar y duplicó trabajos y ejecutó obras sin presupuesto previo para imposibilitar la concreción de materiales y mano de obra empleada. Repitió hasta la saciedad conceptos, importes y trabajos".

Por último, el auto recoge la exoneración penal del secretario, Antonio Jesús Santibáñez, del que dice el juez que sólo tiene obligación de informar si se lo solicita el alcalde o un tercio de concejales; y del interventor, Roberto Olmo, del que dice que, aunque no hizo expresos reparos a las actuaciones de los concejales, "cuando menos formuló las pertinentes observaciones, siendo suficiente para su exculpación".