La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha decretado prisión incondicional por un delito de sedición para los presidentes de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez, y el de Òmnium Cultura, Jordi Cuixart, conforme le había solicitado el teniente fiscal de la Audiencia, Miguel Ángel Carballo, informaron fuentes jurídicas.
La magistrada, en cambio, ha fijado comparecencias quincenales para el mayor de los Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero, y para su subordinada, la intendente Teresa Laplana. El teniente fiscal de la Audiencia, Miguel Ángel Carballo, había solicitado prisión incondicional para el responsable policial y prisión, pero eludible con fianza de 40.000 euros para ella.
La jueza ha impuesto también a Trapero y Laplana retirada de pasaporte y prohibición de salir del país. Deberán facilitar un teléfono en el que estar localizables. En caso de incumplir alguna de las medidas impuestas, se les advierte de su su situación sería modificada.
En su auto la magistrada explica que la causa por sedición se reduce a lo denunciado en su día por la fiscalía, es decir, las protestas que se celebraron en Barcelona los días 20 y 21, promovidas por los presidentes de la ANC y Òmnium Cultural.
Esos días la actuación de Trapero "no aparece todavía suficientemente perfilada hasta el punto de poderle vincular a hechos tan graves como los que esos días se sucedieron, sin perjuicio de lo que pueda determinarse en una fase más avanzada de la investigación". La magistrada rehúsa tener en cuenta, al menos de momento, el último informe de la Guardia Civil relativo a la actuación de los Mossos hasta el 1-O.
Pese a todo, añade que "existen elementos que vinculan a Trapero" con la estrategia separatista, como la hoja de ruta intervenida en el domicilio de Josep María Jové, número dos del vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, y "la pasividad, aun por investigar, que se atribuye a los Mossos en los hechos acaecidos el 1 de octubre o el contenido de las conversaciones" intervenidas por el Juzgado 13 de Barcelona, en las que aparecen "contravigilancias para proteger a determinadas personas frente a posibles actuaciones de la Policía y la Guardia Civil".
Protección contra actuaciones policiales
La jueza describe los hechos que se produjeron en distintos lugares de Barcelona para la "protección de sus gobernantes o instituciones" frente a actuaciones policiles ordenadas por el Juzgado de Instrucción número 13.
Relata cómo Sànchez y Cuixart animaron las concentraciones en las que se causaron daños tres vehículos de la Guardia Civil, en los que "había armas", por 33.729, 34.708 y 67.193 euros, y cómo ignoraron los requerimientos que los agentes les hicieron para abrir un paso a la comisión judicial que registraba la 'Conselleria' de Economía. El auto afirma que los agentes les pidieron auxilio a los mossos hasta en siete ocasiones.
Según el auto, la protesta "estaba orientada a impedir que funcionarios de Justicia y las Fuerzas de Seguridad pudieran desarrollar sus funciones en cumplimiento de la ley y de las resoluciones dictadas en un procedimiento judicial", con el objetivo de proclamar una república catalana, lo que es constitutivo de sedición, que estaría penado hasta en el caso de Trapero con 10 años de prisión.
La fiscalía justifica la petición de prisión incondicional en que al estar la sedición castigada puede estar castigada con hasta 15 años de cárcel, para las autoridades; existir riesgo de reiteración delictiva, al haberse situado al frente de nuevas movilizaciones, como la que obstaculizó el trabajo de la comisión judicial enviada por el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona el pasado 20 de septiembre. Además, durante la operación Anubis, la ANC trasladó documentación de su sede, lo que podría constituir destrucción de pruebas.
Testigos del acoso
La magistrada tomó declaración a tres testigos. Se trata de la letrada de la administración de Justicia (antes, secretaria judicial) que participaba en comisión judicial, enviada por el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona a hacer 14 arrestos y más de una cuarentena de registros. La mujer tuvo que abandonar la sede de la 'Conselleria' de Economía por la azotea a un edificio anexo para mezclarse con el público que abandonaba el teatro.
También declararon los guardias civiles que participaron en el registro. En el atestado remitido al juzgado 13 de Barcelona consta que no se pudo trasladar a los detenidos a los registros, como Josep María Jové, pese a ser preceptivo en este tipo de diligencias. Los agentes estuvieron hasta 18 horas recluidos en el edificio.
