Nada es suficiente para investigar a los terroristas que perpetraron la mayor masacre de la historia de nuestro país. El juez Juan del Olmo y la fiscal Olga Sánchez se dedican en exclusiva a la investigación del 11-M desde el día de la tragedia. Además, cuentan con el refuerzo de una oficina judicial que se encarga de otorgar la condición de víctima a los familiares de los 192 muertos y a los 1.600 heridos. Por su parte, Justicia ha alquilado un pabellón en la Casa de Campo de Madrid para celebrar el juicio.

Los jueces centrales de instrucción de la Audiencia Nacional decidieron relevar a su compañero Del Olmo de otros casos para que centrara todos sus esfuerzos en el 11-M. El Consejo General del Poder Judicial nombró a otro magistrado para que le sustituyera. Por su parte, el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, acordó la misma medida y designó a Sánchez como fiscal encargada, en exclusiva, de este sumario.

Del Olmo decidió, el mismo día 11, proteger la investigación con el secreto sumarial. Una medida que aún continúa, aunque se han ido conociendo algunos de sus aspectos como la trama asturiana que proporcionó los explosivos de la matanza.

Coordinación judicial

Sin embargo, la coordinación judicial sigue siendo una quimera. el juez Del Olmo es muy celoso de su trabajo y no tiende a compartir sus pesquisas con el resto de colegas. Por ello, distintos jueces persiguen la misma trama. El juez Baltasar Garzón, de excedencia en Estados Unidos, comenzó a investigar a la red española de Al Qaeda en noviembre del 2001, tras los atentados del 11 de septiembre.

El juicio a los 23 miembros de esa red se celebrará después de Semana Santa. Los imputados se enfrentan a más de 200.000 años de cárcel por haber ayudado a los pilotos suicidas que atentaron en las Torres Gemelas de Nueva York y en el Pentágono de Washington.

Además, Garzón ha neutralizado otra célula que pretendía atentar contra la Audiencia Nacional. Ese grupo se montó en las cárceles y en él estaban integrados delincuentes comunes dispuestos a convertirse en mártires para limpiar sus pecados.

Esa investigación ha permitido conocer mejor la estructura de la célula de Madrid, ya que se ha sabido que los atentados del 11-M se empezaron a gestar en el 2002 cuando un dirigente del Grupo Islámico Combatiente Marroquí (GICM), Mustafá Maymoni, creó ese grupo, en el que se integró Jamal Zugam, detenido a las 48 horas de la masacre.

De momento, la investigación judicial bate todos los récords: 74 imputados, 40.000 folios, 11 tomos, 30 testigos protegidos, 10 careos, 20 ruedas de reconocimiento, cinco comisiones rogatorias y seis órdenes dictadas de busca y captura.

Pabellón reformado

Sin embargo, el juez aún no ha procesado a los imputados, paso previo para la celebración del juicio. La fiscal Sánchez considera que la vista no se podrá celebrar hasta la primavera del año próximo. Justicia ya trabaja en la rehabilitación de un pabellón que permita sentar en el banquillo a los imputados y garantice la asistencia de las víctimas a las sesiones.

Esa sala se estrenará esta primavera cuando sean juzgados los 62 imputados por integrar el aparato político de ETA. La Casa de Campo ya albergó los procesos celebrados por el síndrome tóxico y la operación Nécora (el primer macrojuicio al narcotráfico gallego).