Al margen del juicio concluido en el Tribunal Supremo, el referéndum independentista del 1 de octubre del 2017 ha dejado una ristra de procesos judiciales pendientes de resolver. Entre los imputados hay diputados, alcaldes, mandos de los Mossos d’Esquadra, policías nacionales y Quim Torra. Algunas causas están en la recta final y ya tienen fecha. Otras, en cambio, están en fase de instrucción en los juzgados.

MOSSOS D’ESQUADRA

Trapero, en la Audiencia Nacional

Josep Lluís Trapero deberá sentarse en el banquillo de los acusados en la Audiencia Nacional a partir del 20 de enero del 2020. El mayor de los Mossos d’Esquadra será juzgado por un delito de rebelión por su presunta participación en el proceso soberanista y la supuesta inactividad de la Policía de la Generalitat durante el 1-O. La fiscalía reclama para él 11 años de prisión e inhabilitación por el mismo periodo. La acusación pública pide esa misma pena para el que fuera director de los Mossos Pere Soler y el exsecretario general de la Consejería de Interior Cèsar Puig. Para la intendente Teresa Laplana solicita cuatro años de cárcel por sedición.

DESOBEDIENCIA

La Mesa de Carme Forcadell

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha fijado para el 28 y 29 de noviembre y el 2 y 3 de diciembre el juicio para los miembros de la Mesa del Parlament durante la etapa de Carme Forcadell y a la exdiputada de la CUP Mireia Boya por permitir la tramitación de las leyes del procés. La fiscalía solicita para Lluís Maria Corominas (PDECat), Lluís Guinó (PDECat), Anna Simó (ERC), Ramona Barrufet (PDECat), Joan Josep Nuet (EUiA) y Boya multa e inhabilitación por desobediencia.

LAZO AMARILLO

Al banquillo el

‘president’ Torra

En el mismo TSJC se sentará en el banquillo Quim Torra el 18 de noviembre, acusado de desobedecer la orden de la Junta Electoral Central de retirar el lazo amarillo que colgaba del balcón del Palau de la Generalitat durante la campaña de las municipales de mayo del 2019. La fiscalía solicita para él un año y ocho meses de inhabilitación y multa de 30.000 euros. Esta medida conlleva, según la acusación, la privación definitiva de empleos o cargos públicos y de los «honores anejos».

ORGANIZACIÓN DEL 1-O

El exnúmero dos de Junqueras

El proceso judicial abierto al diputado de ERC y exnúmero dos de Oriol Junqueras, Josep Maria Jové, está todavía instruyéndose en el TSJC. A este parlamentario, que fue detenido el 20 de septiembre del 2017, cuando era secretario general de la Consejería de Economía, se le atribuye la «organización logística» del 1-O. La Guardia Civil le incautó el documento Enfocats, considerado la «hoja de ruta» de la independencia, así como agendas y notas sobre qué hacer para materializar la secesión. El alto tribunal catalán está pendiente de decidir qué hace con el exsecretario de Hacienda y también diputado de ERC, Lluís Salvadó. La jueza que investiga los preparativos del 1-O le implica en la creación de las denominadas estructuras del Estado.

JUZGADO NÚMERO 13

Los preparativos

del referéndum

Las diligencias abiertas en el Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona por los preparativos del 1-O están muy avanzadas. En abril, la jueza Alejandra Gil procesó a 30 altos cargos, periodistas y empresarios por la organización del referéndum. La magistrada sostiene que había «un plan común» y una «estrategia» para celebrar la consulta. Sin embargo, ha rechazado la petición de la fiscalía de incluir la acusación de organización criminal para la mayoría de encausados.

CARGAS DEL 1-O

54 agentes de la

policía imputados

El Juzgado de Instrucción número 7 de Barcelona está investigando las cargas policiales en varios centros de votación durante el 1-O. Hay 54 agentes de la Policía Nacional, entre ellos algunos mandos, imputados. Están previstas declaraciones para diciembre. El Ayuntamiento de Barcelona ejerce la acusación popular. También por las cargas policiales se han abierto investigaciones en otros puntos de Cataluña, como en Manresa, Amposta y Gerona, entre otros.

ALCALDES

Collbató, Molins, Figueras y Sabadell

La Fiscalía General del Estado ordenó abrir diligencias contra los 712 alcaldes de la Asociación de Municipios por la Independencia por los preparativos del 1-O, pero al final se incoaron investigaciones para unos 60. Y de estos, solo un puñado de casos ha llegado a los juzgados. El pasado mes de marzo, la fiscalía se querelló contra los que en la consulta eran alcaldes de Collbató y Molins de Rei. Un juzgado de Figueras, por su parte, mantiene la causa contra la exalcaldesa Marta Felip, y el exalcalde de Sabadell Maties Serracant fue citado como imputado en enero.