Los juicios rápidos, que permitirán juzgar en un máximo de 22 días --15 en las grandes ciudades-- las infracciones penales menos graves, se ponen hoy en marcha en Extremadura con diversas carencias en cuanto a la dotación material y personal necesaria para poder llevarlos a cabo con total garantía. Al menos eso es lo que aseguran trabajadores, juristas y sindicatos de la región, quienes desde hace tiempo dudan de los buenos augurios lanzados por el ministro de Justicia, José María Michavila, que ha incidido en numerosas ocasiones en que la maquinaria judicial española está preparada para afrontar este reto.
En Extremadura pueden surgir problemas. Según los expertos, el Juzgado Penal de Badajoz es el más preparado para poder hacer frente a los juicios rápidos, en Navalmoral y Coria necesitan un funcionario más y en Mérida habrá muchas dificultades si no se adoptan medidas urgentes.
LAS MEDIDAS NECESARIAS
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), Angel Juanes, mantiene que aún es prematuro aventurar un resultado en la región, aunque insiste en que se están poniendo todos los medios necesarios para que estos juicios funcionen en la comunidad.
Así, se han celebrado diversas reuniones entre las diferentes fuerzas de seguridad extremeñas para tratar sobre el desarrollo normativo del nuevo sistema, incidiendo en la necesidad de buscar una mejor coordinación entre los cuerpos y los juzgados. Además, se ha dotado a los juzgados de mejores medios informáticos y se ha contactado con peritos de todos los partidos judiciales.
El principal objetivo del nuevo sistema es reducir entre un 30 y un 60% el tiempo de tramitación de los asuntos penales que se ven anualmente en los partidos judiciales, además de conseguir que los casos de pequeños delitos se resuelvan en un máximo de 22 días --7 para que el juzgado de instrucción complete la investigación y 15 de espera para celebrar el juicio--.
En la actualidad, aseguran los juristas, la investigación de uno de este tipo de delitos necesita de cuatro a siete meses, a los que hay que añadir otros cinco más hasta que se celebra la vista oral.
En cuanto a las faltas, el nuevo sistema prevé un plazo máximo de siete días para resolverlas.
Ante todas estas novedades, Juanes sostiene que "hay que ser sinceros con los ciudadanos", ya que los juicios rápidos sólo son un mecanismo legal más que se proporciona a jueces, magistrados y fiscales para que la justicia penal sea más rápida. Pero todo esto, incide Juanes, "no significa que la delincuencia y los problemas de la justicia penal vayan a desaparecer. No se puede creer que va a ser la panacea".
Lo que sí es imprescindible para el presidente del TSJEx es un cambio de mentalidad en todos los agentes implicados en el proceso, ya que habrá que trabajar con una mayor celeridad. "Se trata de suprimir trámites burocráticos y hacer una instrucción más rápida, pero también tener claro que no hay que buscar el éxito por el éxito, sino de asegurar que la ley se cumpla".
