La Junta hizo ayer público un duro comunicado en el que acusa al Gobierno de romper de nuevo en las formas la lealtad institucional y, en el fondo, de haber urdido a escondidas un engaño a la región, ya que el ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, se comprometió ante el presidente de la Junta, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, a no tomar medida alguna sobre Cetarsa hasta que se celebrase una reunión entre ambos.
Asimismo, en el escrito se apunta que se ha esperado a que pasasen las elecciones, lo que resulta un nuevo engaño y evidencia "la verdadera naturaleza del compromiso del PP con Extremadura". En el mismo sentido, se indica que privatizar Cetarsa supone acabar con uno de los escasos restos del sector público estatal en Extremadura, dentro de una política general de desprecio hacia lo público cuyas consecuencias serían la tragedia del Prestige y los accidentes de un avión con soldados españoles en Turquía y dos trenes en Albacete.
RECONVERSION INDUSTRIAL
Por ello, el Ejecutivo regional advierte ya que no permanecerá impasible "ante una decisión que puede ser el principio del fin de un sector del que depende el futuro de diez mil familias, y suponer una catástrofe irreparable para la comarca".
Además, se señala que la Junta no permitirá, por acciones como la privatización de Cetarsa u omisiones como la tibia oposición del PP a las intenciones de la UE de reformar el régimen de ayudas al tabaco, "que nuestra región se vea perjudicada".
Del mismo modo, desde Extremadura se exigirá "que se nos trate igual que se trató a zonas de España como Sagunto o Asturias", que en el pasado "tuvieron la desgracia de sufrir reconversiones industriales y la suerte de beneficiarse del apoyo de todos los españoles".
