El Gobierno de Extremadura admite, por primera vez, que llegado el caso aplicará "recortes selectivos" en las consejerías de Educación, Salud y Empleo. Así lo reconoció ayer en el Parlamento extremeño el consejero de Economía y Hacienda, Antonio Fernández, que compareció para explicar los ejes fundamentales de su departamento para la presente legislatura. "Nuestra atención prioritaria de actuación son la Consejería de Educación, la Consejería de Sanidad y el empleo, pero esos recursos selectivos a los que me refiero también se aplicarán a esas consejerías, de tal manera que si en alguna de ellas se pueden ajustar los gastos corrientes, se ajustarán, y no se atentará contra todo aquel concepto que afecte a la calidad del servicio", argumentó ante una pregunta del portavoz de IU en la Comisión de Economía y Hacienda, Pedro Escobar, sobre recortes selectivos aludidos por el consejero durante su intervención. "Habrá unas consejerías en las que se pueda recortar más y otras en las que se pueda recortar menos, y a eso me refiero con recortes selectivos", dijo, pero en ningún momento dió ni una sola cifra al respecto ni en relación a los presupuestos para el próximo año, una falta de datos que le criticaron desde las filas de PSOE e IU. En este sentido, Fernández matizó que "no era una intervención para decir números, sino para explicar qué vamos a hacer; en el debate sobre los presupuestos (que ayer entraron en su última fase de elaboración) hablaremos de números".
Hasta ayer, la Junta siempre había insistido en que los recortes generalizado que viene anunciando debido a la situación económica, no afectarían de ningún modo a servicios sociales fundamentales como la educación, la sanidad y la dependencia, pero, a la espera de mayor concreción por parte de la Junta, el consejero admitió que sí se aplicarán en el gasto corriente de estas materias.
Pero, qué son los gastos corrientes. En los actuales presupuestos, en materia de educación, por ejemplo, hay cifrados gastos por 79 millones de euros, la mayoría para material y suministros, pero también para reparaciones, mantenimiento, arrendamientos o indemnizaciones por servicios. Esos mismos gastos corrientes agrupan la mayoría de los costes presupuestados en este capitulo en la extinta Consejería de Sanidad y Dependencia, que ascienden a 46 millones; mientras que en la antigua Consejería de Igualdad y Empleo, este apartado recoge una partida de 15 millones de euros.
El titular de Economía y Hacienda insistió en la necesidad de minimizar el gasto en toda la Administración regional porque "no llegan ingresos". En este sentido, explicó que el pasado miércoles, en una reunión mantenida con responsables del Ministerio de Economía, reclamó "que de una vez por todas" les haga llegar partidas de la deuda histórica, el fondo de cooperación y el adelanto del 1% del PIB.
Además, volvió a defender las cifras dadas por su departamento relativas al 6,7% de déficit previsto para final de año y los 99 millones mensuales que tienen para gastar hasta diciembre fruto de las arcas que heredan del anterior Gobierno regional. A este respecto, comentó que esos números se los facilitó al ministerio en su visita de esta semana para que los analice y lanzó un órdago al diputado socialista Jorge Amado, que ayer los desmintió y avaló la gestión hecha por el Ejecutivo anterior: "Si el ministerio le da la razón a usted, presento mi dimisión al presidente de la comunidad autónoma, pero si me la da a mí ¿hará usted lo mismo señoría? Yo voy para adelante", sentenció.
En cualquier caso, Fernández reconoció que la Junta acudirá a la vía del "endeudamiento legal" porque "no nos queda más remedio, aunque no nos guste" por esa mala gestión económica de los socialistas, recalcó.
VEINTE MEDIDAS Por otro lado, desgranó una veintena de medidas basadas en el "rigor, la austeridad, la racionalidad y la transparencia". Algunas de ellas pasan por la eficacia en la recaudación, la atención al contribuyente, la posibilidad de implantar el control previo de contratos menores, la administración y utilización escrupulosa del patrimonio (aseguró que no se conoce el valor de los bienes de la Junta y que, según unos estudios, un 40% está sin valorar), y un plan de auditoría anual.
