La Junta cobrará a Almaraz en impuestos los 600 millones que fijó por su prórroga

De este modo, detalló Navarro, la Junta planea recaudar --siempre que se prorrogue la autorización de la central, lo que ocurrirá si se tiene en cuenta el criterio fijado en Garoña: el aprovechamiento de la vida útil (40 años), lo que permitiría que los reactores extremeños continúen operando hasta el 2021 y el 2023-- 60 millones al año, o sea, 600 en 10 años. Lo conseguirá multiplicando casi por tres el coeficiente que ahora --en base al impuesto sobre instalaciones que incidan en el medio ambiente, de carácter regional y que, por tanto, repercute directamente en las arcas de la comunidad-- aplica a la producción de energía termonuclear (0,0013 por kilovatio generado).

El impuesto también grava la producción de energía de otro tipo, así como las actividades transporte de la energía eléctrica, telefonía y telemática, pero en este caso el incremento es de solo el 10%, matizó el consejero a los periodistas al término de la reunión. Además, explicó por qué en el proyecto de presupuestos los ingresos de la Junta en este capítulo solo ascienden a 45,7 millones de euros, cuando solo por energía termonuclear se prevé recaudar 60, lo que vinculó a la devolución del impuesto ecológico, declarado inconstitucional por el tribunal competente en el 2006.

Sin embargo, cuando el portavoz de Industria del PP le echó en cara esta cuestión en la comisión, Navarro respondió que esa devolución se efectuaba con el dinero que se les había cobrado a las propias eléctricas previamente. Después, a preguntas de los periodistas matizó que se trata de un dinero que ya está invertido, por lo que parte del impuesto sobre instalaciones que incidan sobre el medio ambiente se destina a este fin, "pero eso no significa que no les devolvamos lo que ellos ya nos pagaron".

OBJETIVO CUMPLIDO En todo caso, el consejero centró su comparecencia en explicar cómo el Gobierno extremeño ha conseguido su pretensión de que la región reciba 600 millones de euros en caso de que Almaraz continúe funcionando hasta el 2020. "Objetivo cumplido", aseguró pero añadiendo que la Junta aún mantiene la reivindicación de que la empresa que gestiona la central se convierta en una sociedad mercantil con domicilio fiscal en Extremadura (actualmente es una comunidad de bienes), si bien aclaró que eso no tendrá efectos directos sobre las arcas extremeñas, ya que los principales impuestos que paga Almaraz (de sociedades e IVA) no están transferidos.

Así respondió el consejero al portavoz en la comisión de Industria del Grupo Parlamentario Popular, Anselmo Díaz Cabello, que en su intervención criticó que Navarro destacara este logro y olvidara la reivindicación de la tributación del IVA en Extremadura que supondría, como viene defendiendo el PP, la llegada de 200 millones de euros a la región. Navarro le contestó que, según el modelo de financiación autonómica, la parte de la recaudación del IVA que el Estado transfiere a las comunidades depende de lo que cada una consuma, no de lo que sus empresas tributen, por lo que la fiscalidad de Almaraz en este sentido no aportaría nada al presupuesto regional.

Posteriormente, la secretaria general del Grupo Parlamentario Popular, Cristina Teniente --también presente ayer en la comisión-- mostró su sorpresa por estas declaraciones y recordó que fue desde la Junta desde donde inicialmente se reclamó el pago del IVA en la región, lo que el PP siempre ha apoyado. "Ahora, sin embargo, parece que se renuncia a esa aspiración y nos dicen que no tendrá efectos en los fondos regionales. Entonces, solo cabe preguntarse ¿qué hemos estado haciendo hasta ahora?".