El Consejo de Gobierno aprobó ayer la contratación de 500 plazas residenciales para mayores dependientes (las denominadas T3 ), lo que supondrá un gasto de 15,3 millones de euros a lo largo de los próximos dos años.

Estas plazas se concertarán dentro del Servicio Público de Cuidados Personales y Atención a Situaciones de Dependencia tal y como prevé el Plan Marco de Atención Sociosanitaria.

Este servicio está destinado a personas en situación de dependencia, con inadecuado o inexistente apoyo familiar, con un bajo nivel de autonomía y necesidad de cuidados o supervisión prolongada en un entorno residencial y con intervención sanitaria puntual.

La prestación del servicio comprende el alojamiento, manutención y todas las tareas auxiliares necesarias, así como la atención a la discapacidad para facilitar y potenciar la autonomía personal y prevenir situaciones de dependencia, intentando mantener o mejorar la capacidad funcional y mental mediante técnicas de rehabilitación. También se prestará atención sanitaria. La consejera de Bienestar Social, Leonor Flores, recordó que esta medida se aprobó en el Consejo Extraordinario.

NUEVO PLAN DE DISCAPACIDAD Por otro lado, la Consejería de Bienestar Social desarrollará a lo largo de los próximos tres años el nuevo Marco de Atención a la Discapacidad de Extremadura (MADEX), un proyecto que prevé sustituir el actual modelo basado en las subvenciones por uno de contratos.

La consejera de Bienestar Social, Leonor Flores, avanzó ayer que el decreto que regula este plan será aprobado en el Consejo de Gobierno que se celebrará el próximo lunes --el último hasta septiembre-- y comenzará a aplicarse este mismo otoño.

El MADEX se marca como objetivo prioritario alcanzar "la consolidación de un sistema de atención que permita a las personas con discapacidad el acceso a los recursos disponibles", así como "garantizar unos niveles superiores de calidad en la prestación de estos servicios".

Para ello, se creará un "nuevo marco de relación" entre la Administración y las entidades sin ánimo de lucro --tanto públicas como privadas-- que prestan servicios a los discapacitados. Este marco de colaboración se desarrollará a través de conciertos "que sustituyen al actual sistema de subvenciones". Es más costoso pero, explicó Leonor Flores, supone el reconocimiento de un derecho, por lo que es "un trabajo de presente y de futuro".

Una de las novedades de este plan es que "establece una definición clara de cada uno de los servicios", indicando cuáles son sus objetivos, quiénes son los usuarios potenciales y con qué medios deben prestarse.

SERVICIOS CONCERTADOS En concreto, el nuevo Marco de Atención a la Discapacidad de Extremadura incluye la Atención Temprana, los Centros Ocupacionales, los Centros de Día, la Habilitación Funcional, los servicios de residencia para personas con gran discapacidad y los servicios de residencia y vivienda tuteladas para discapacitados con necesidades de apoyo limitado. La puesta en marcha de estos servicios se hará de forma gradual a lo largo de los próximos tres años a través de la firma de convenios con las entidades benéficas con un objetivo final: concertar el 100% de las plazas, que actualmente se financian a través de subvenciones.

En total, una vez que se desarrolle en su totalidad el plan de atención a la discapacidad la Consejería de Bienestar Social dedicará anualmente a los conciertos de servicios algo más de 18,2 millones de euros para sufragar unas 3.300 plazas, cantidad a la que habrá que sumar la correspondiente a los recursos residenciales.

Tal y como establece esta normativa, el próximo mes de octubre se pondrán en marcha los conciertos del 60% de las plazas de Atención Temprana (hay 500 usuarios potenciales) y de Centros Ocupaciones (más de 1.700). En el siguiente ejercicio --2007-- se ampliarán estos servicios hasta el 75% del total y se incluirán el 75% de las 540 plazas en Centros de Día y un porcentaje similar de las 615 de Habilitación Funcional. Esto supone que el año que viene el presupuesto destinado a estos conciertos alcanzará los 13,7 millones de euros.

Este plan es, según la consejera, una idea avanzada por el presidente Rodríguez Ibarra, en el 2004.