La Asamblea aprobó ayer con los votos a favor de PSOE y PP y la abstención de IU una nueva ley que endurece las condiciones para la instalación en Extremadura de los denominados "establecimientos de descuento duro" (Dia, Lidl, Aldi, etc). Según se define en la norma, los comercios afectados son aquellos que pertenecen a alguna cadena, venden en régimen de autoservicio productos de gran consumo y basan su estrategia comercial en ofrecer bajos precios gracias a que negocian a gran escala surtidos muy cortos.

A partir de ahora, estos establecimientos necesitarán, además de las licencias habituales que otorga el ayuntamiento, otra específica que otorgará la Junta, y que tendrá en cuenta el efecto que su implantación tendría en la zona donde se ubiquen. Así, las condiciones básicas para valorar si se da o no permiso vendrán marcadas por la presencia en el área de ubicación de otros comercios de similares características, la generación de empleo, el hecho de que se surtan de productos adquiridos en la misma zona y la viabilidad del proyecto.

MECANISMO DE PRESION Según explicó el consejero de Economía y Trabajo, Manuel Amigo, en su defensa del texto, se trata de complementar otras medidas puestas en marcha por el Ejecutivo regional "destinadas a amparar al pequeño y mediano comercio regional y a defender los intereses de los consumidores". Amigo aseguró que hay razones suficientes para "utilizar mecanismos de presión" en favor de un tipo de comercio que "es el medio de vida de muchas familias", mejora la oferta en las poblaciones y contribuye a vincular a la gente a su tierra. El consejero explicó que los establecimientos afectados por esta ley "basan su estrategia de expansión en políticas muy agresivas y habitualmente desconectadas de los sectores económicos integrados en las áreas geográficas donde se implantan".

En el debate, el Grupo Socialista mostró su disposición a admitir dos de las tres enmiendas defendidas por el diputado popular Daniel Guisado. Dichas enmiendas añadían la condición de que los establecimientos tendrían que ubicarse en terrenos marcados para ese fin en el planeamiento vigente "para que no se den situaciones especulativas no deseadas ni por el mercado ni por los afectados", y que previa a la concesión de la licencia especial se requiera un informe del Jurado de Defensa de la Competencia.

SATISFACCION DEL SECTOR La aprobación de esta nueva ley tuvo una buena acogida en el sector extremeño del comercio. Así, José María Reino, presidente de la Federación del Comercio de Badajoz (Fecoba), explicó que la medida se enmarca dentro de un grupo de actuaciones anunciadas por la Junta "y que nos merecen una opinión positiva, como todo lo que pueda favorecer la competencia leal entre sistemas de venta". Reino explicó que el comercio sufre "bastante competencia desleal" y que lo que se pretende es que haya igualdad. "El comercio pequeño y mediano representa el 96% del total regional, y es el que soporta el empleo estable y da vida a los pueblos, y merece que se le apoye por la labor social que desarrolla", comentó. El presidente de Fecoba alabó en este sentido "la labor del director general de Comercio, que conoce el sector y es sensible a sus necesidades".

Por su parte, delegada en Extremadura de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), Candelaria Carrera, manifestó: "Evidentemente, la norma es muy positiva, porque los grandes establecimientos de este tipo provocan la desertización del comercio allí donde se instalan, ya que los pequeños no pueden competir".

A su juicio "toda medida es poca para regular el mercado y lograr el equilibrio entre los distintos formatos comerciales", y se mostró partidaria de las intervenciones que contribuyan "a proteger al autónomo y limitar la actividad de las grandes cadenas". En todo caso, Carrera explicó que la nueva ley "es un logro", pero añadió que "siempre se puede seguir avanzando en este camino" para evitar que se produzcan desequilibrios por la presión de las cadenas de hipermercados y supermercados que perjudican a los pequeños comerciantes.