Primero los altos cargos y ahora las empresas públicas. El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura acordó ayer autorizar a la Sociedad de Gestión Pública de Extremadura (GPEX) que proceda a la fusión, por absorción, de ocho empresas públicas que están íntegramente participadas por ella y pertenecen a su grupo de empresas. Se trata de Fomento de la Industria del Turismo, Ocio y Tiempo Libre; Fomento Exterior de Extremadura; Centro de Estudios Socioeconómicos de Extremadura; Fomento de la Iniciativa Joven; Sociedad de Gestión de la Imagen de Extremadura; Fomento de la Naturaleza y Medio Ambiente; Sociedad Pública de Inspección Técnica de Vehículos, y Sociedad Pública de Agricultura y Desarrollo Rural de Extremadura. La empresa saliente de la fusión mantiene el nombre de GPEX. Esta es una de las medidas del plan de recortes del gasto público anunciado por el presidente de la Junta en marzo. Con esta fusión se reordena el sector público empresarial extremeño y se mantiene la cobertura que se viene otorgando a las distintas y variadas necesidades organizativas y funcionales de la región. Además, según las previsiones del Ejecutivo regional se reducirá un 10% los gastos de funcionamiento y un 40% los generados por las estructuras.

Esta es la primera de las fusiones, pero el Gobierno autonómico trabaja ya para que "posiblemente después del verano" otras cuatro se queden unidas en una sola (aún sin denominación). Son en concreto, la Sociedad de Fomento Industrial de Extremadura, Fomento de Emprendedores, Fomento de Mercados y Fomento Extremeño de Infraestructuras Industriales y Empresas de Innovación, que "crearán una nueva empresa". Mientras tanto, se mantendrán como hasta ahora otras cuatro: Gespesa, Gebidexsa; Urvipexsa y Gisvesa, según explicó la vicepresidenta Primera y consejera Portavoz, Dolores Pallero, al término del Consejo de Gobierno, en el que ya participó la nueva consejera de Cultura y Turismo, Manuela Holgado, que sustituye a Leonor Flores, a la que una enfermedad ha obligado a dejar su puesto.

Pallero explicó que con el inicio de este proceso se ha "dado un paso más" en el cumplimiento del anuncio realizado por el presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, de reducir de 18 a 6 el número de empresas públicas. Esta reestructuración del sector público supondrá una reducción del 10% en gastos de funcionamiento, y de un 40% en gastos de estructura, "ya que lógicamente se optimizarán recursos y se aprovecharán las sinergias de unas empresas con otras", señaló, dado que se producirá una reducción de contratos de alta dirección.

LAS DEUDAS Lo cierto es que las empresas públicas extremeñas acumulan cada vez más deudas, ya que atendiendo a los últimos datos del Banco de España, a cierre del pasado año tenían deudas por valor de 18 millones de euros, 4 más en el último año y 14 más desde que se iniciara la crisis económica en el año 2007. Esto supone que en dos años su endeudamiento se ha disparado un 350%.

En el conjunto del país, estas empresas de titularidad pública adeudaban a cierre del año pasado un total de 15.416 millones de euros, sobre todo las de Cataluña (7.261 millones) y las de la Comunidad Valenciana (2.319).