El vicepresidente de la Junta, Ignacio Sánchez Amor, aludió al auto del TSJEx que obliga a la reversión de los terrenos donde se asienta Siderúrgica Balboa, adelantado ayer por EL PERIODICO, pero sin aclarar cómo piensa la Junta --encargada por el tribunal de llevar a cabo esta resolución-- ejecutar la orden judicial. En cambio, Sánchez Amor mostró su confianza en que los tribunales establezcan un acuerdo satisfactorio para ambas partes.

En este sentido, cabe recordar que el citado auto, en su parte dispositiva, señala que el Ejecutivo regional debe proceder "en el improrrogable plazo de quince días, a la iniciación del procedimiento a que ese refieren las mencionadas resoluciones judiciales y administrativas". Estas resoluciones marcan que no cabe otra fórmula que la valoración de los terrenos para que los antiguos propietarios se queden con ellos, sin dar posibilidad a la denominada ejecución por sustitución , es decir, el cambio de estos terrenos por una indemnización o por parcelas en otro lugar.

Pese a esta indicación, Sánchez Amor comentó ayer que los tribunales "están acostumbrados a manejar este tipo de conflictos de intereses entre los de los antiguos propietarios y los de desarrollo económico y de empleo, que han sido posteriores".

Además, apuntó que la solución judicial podría pasar por un sistema de otras tierras de compensación, --alternativa a la que se opuso la propia Junta, según el auto-- al considerar "obvio" que una solución jurídica que reconoce el derecho de unas personas que fueron expropiadas en los años 60 no puede causar un perjuicio a la economía de la región y al empleo de la zona.

QUE PAGUE GALLARDO Sin embargo, estas apreciaciones contrastan con lo manifestado por escrito ante el TSJEx por el letrado de la Junta. Así, el pasado 5 de abril, y al ser requerido el Gobierno regional para que dijese si había algún factor que imposibilitase la ejecución del fallo del 2000, dictado por el Supremo, en sus términos precisos, es decir, devolución de las tierras a los antiguos propietarios, indicó que "no concurre causa de imposibilidad material de ejecutar la sentencia que nos ocupa".

Además, el mismo escrito indicaba que sólo el órgano obligado a cumplir la resolución del fallo puede alegar causas que imposibiliten la ejecución del mismo, y que la Junta "en ningún momento" las ha alegado. Igualmente, se apuntaba que, puesto que es la empresa la interesada en que haya otra fórmula de cumplir la sentencia, debía ser ésta la que sufriese los perjuicios "económicos o de otra índole" que se pudiesen ocasionar.

Por otro lado, el vicepresidente de la Junta comentó que el auto de 22 de noviembre es "un incidente más en el proceso de ejecución de sentencia". Sin embargo, la resolución del TSJEx advierte de que si el Ejecutivo regional no cumple lo ordenado "podrá incurrir en responsabilidad criminal".

Por último, Sánchez Amor recordó que el Grupo Gallardo ha presentado un recurso contra la decisión judicial, como ya informó ayer EL PERIODICO.