La crisis económica no solo afecta a las cuentas de las familias. También lo hace a las de las administraciones que, como cualquier ciudadano, tienen que adoptar medidas que permitan mantener el equilibrio entre los ingresos y los gastos que se destinan, en este caso, a la prestación de los servicios a los extremeños. El presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, avanzó ayer una medida que su Administración está estudiando para adaptarse a las circunstancias, y que pasa por poner a la venta el parque de viviendas sociales de la región, un total de 21.000. El fin es recaudar dinero para poder mantener abiertas las líneas de ayudas ya establecidas con el fin de impulsar aquellos sectores más afectados por la crisis, como es el de la construcción.

La intención de Fernández Vara, que ayer advirtió que la crisis se dejará notar en el presupuesto del 2009, es mantener intactos y desarrollar todos los acuerdos adoptados tanto con la oposición como con los agentes sociales de los últimos meses, así como los grandes proyectos en los que se ha embarcado en esta legislatura, como el apoyo al tejido industrial o el Plan de Infraestructuras.

Fernández Vara dijo que desde el principio de la legislatura "se está haciendo todo lo que se puede hacer" para solventar de la mejor manera posible la situación económica global, lo que ahora le permite garantizar la prestación de los servicios "esenciales" a los ciudadanos que son de su competencia, como son la educación, la sanidad o la asistencia social, así como el impulso de los sectores económicos, entre otros. Para ello, el Gobierno reducirá además los gastos en prestaciones "accesorias" y desarrollará un programa para rebajar las facturas de teléfono y de energía eléctrica, especialmente ejerciendo un mayor control sobre el consumo del aire acondicionado y de calefacción en los edificios administrativos. Este plan incluye también la congelación de los salarios de los altos cargos de la administración autonómica.

Tras mantener sendas reuniones con los secretarios regionales de UGT y CCOO, Miguel Bernal y Julián Carretero, respectivamente, y también con los líderes nacional y regional de la organización agraria UPA-UCE, Lorenzo Ramos e Ignacio Huertas, el jefe del Ejecutivo regional avanzó que el plan por el que se sacará a la venta las viviendas sociales aún está en estudio y que no será hasta los próximos meses cuando se conozcan más detalles sobre el mismo. Avanzó que la compra será una posibilidad opcional para sus actuales inquilinos, y que se ofrecerán a un precio --dependerá de la antigüedad de cada inmueble--, lo suficientemente atractivo para incentivar la venta de "cuantas más mejor".

El dinero que la Junta espera recaudar a través de esta operación se destinará a mantener el plan de impulso al sector más debilitado por la crisis, la construcción, para lo cual se han previsto nuevas medidas. Entre ellas, se agilizará la puesta en marcha de iniciativas industriales y empresariales proyectadas en la región, entre las que citó la de la refinería. También se fomentará la licitación conjunta de proyectos y obras para acelerar los trámites, de forma que se garantice la ejecución en el menor tiempo posible de los proyectos, especialmente los de obra civil, con el fin de que la crisis tenga el menor impacto posible en el empleo.