La anunciada austeridad económica ya tiene cifra: 430 millones. Ese es el recorte que el Ejecutivo extremeño ha aprobado en los presupuestos de la comunidad autónoma del próximo año, situándolo en 5.190.648.871 euros, lo que supone un descenso del 7,7%, según explicó ayer el consejero de Administración Pública y Hacienda, Angel Franco, tras registrar las cuentas en la Asamblea de Extremadura, después de ser aprobadas por el Consejo de Gobierno. El presupuesto --que como ya informó este periódico el 26 de septiembre regresa a números del año 2007-- está marcado por la austeridad, la estabilidad, la protección social y la corresponsabilidad y desarrollan los cambios estructurales marcados en el Pacto Social y Político, comentó Franco. Cabe destacar los recortes de gastos en las consejerías de Sanidad (-6,3%), aunque el área de Dependencia dispone de más dinero; Educación (-7%), Jóvenes y Deporte (-19,7%), Fomento (-19,7%), Cultura y Turismo (-18,2%) y la Vicepresidencia Primera y Portavocía (-16%), aunque el consejero reiteró que en materia de infraestructuras "no se va a dejar de hacer ninguna obra prevista, pero sí han ralentizado todos los plazos". El titular de Hacienda destacó que las políticas sociales copan el 65% del gasto, porque la protección social "es una prioridad absoluta", y que son unas cuentas que se ajustan a la realidad económica existente.
Además de mantener esas medidas sociales, de que, pese a los recortes, la sanidad, la educación y el desarrollo rural aglutinan el mayor peso presupuestario; para el Gobierno extremeño es urgente captar el mayor número de ingresos posible. Y una forma de hacerlo es vender las viviendas sociales de las que dispone, 15.000, aunque prevé sacar al mercado el próximo año 3.000 para recaudar 98 millones de euros. Y es que "tenemos que vender todos los activos no fundamentales para realizar toda la caja que podamos para obtener financiación en asuntos prioritarios", indicó el consejero, ante los problemas económicos provocados por la crisis.
Pero, cómo lo va a hacer. Franco explicó que las viviendas sociales que tiene Fomento en alquiler se las vende a la empresa pública Urvipexsa; que las paga recurriendo a los bancos para hipotecarlas; una operación que, al cambio, dejará en las arcas autonómicas en torno a los 98 millones de euros, dijo.
A esto hay que añadir el recorte en el gasto en funcionarios, y las inversiones (caen en 177 millones) y subvenciones (bajan en 53 millones), lo que permitirá ahorrar al Gobierno extremeño. Otra fuente de recaudación llegará vía impuestos. En ese sentido, a las subidas ya anunciadas del IRPF para las rentas superiores a los 60.000 euros (afecta a 6.400 extremeños), otra novedad notable es que el llamado impuesto ecológico también se va a extender a las empresas que producen o transforman energía de origen hidroeléctrico con una potencia superior a 10 megavatios, para las que el tipo impositivo será el mismo que el que se aplica a la energía termonuclear; es decir, se pasa de 0,0010 euros por megavatio a 0,037.
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