El nuevo Gobierno regional va a renunciar a la que ha sido una de las grandes aspiraciones de la comunidad autónoma en materia judicial en los últimos años: asumir las competencias en materia de justicia. La Junta comunicará la decisión al ministerio en las próximas semanas y dejará aparcado este tema hasta que la situación económica mejore.
El nuevo director general de Administración Local, Justicia e Interior de la Consejería de Administración Pública, Saturnino Corchero, ha confirmado la decisión a EL PERIODICO. "Entendemos que no es el momento de proceder al traspaso de las competencias dada la situación económica y financiera. Cerrar un proceso de traspaso y asunción de transferencias conlleva unas obligaciones, compromisos financieros y movilización de recursos materiales de dimensiones extraordinarias y que en este momento no podemos asumir", explica.
De esta forma, Extremadura seguirá dentro del grupo de cinco comunidades autónomas que aún no poseen las competencias en esta materia. Junto a ella están Castilla y León, Baleares, Castilla-La Mancha y Murcia. Precisamente estas dos últimas regiones han anunciado que también renuncian a las transferencias. "No es el momento más apropiado", ha argumentado la presidenta manchega, María Dolores de Cospedal. Mientras que su homólogo murciano, Ramón Luis Valcárcel, que ya paralizó el proceso a finales del 2010 debido a las dificultades financieras de su región, ha vuelto a renunciar a ellas a unos días vista de la nueva fecha que el Ministerio de Justicia y el Gobierno de Murcia se habían marcado para realizar el traspaso (el 31 de julio).
La Comunidad de Madrid, por su parte, incluso ha ido más allá y ha planteado, por boca de su presidenta, Esperanza Aguirre, la posibilidad de devolver estas competencias --que Madrid asumió en el 2001-- al Estado. "He multiplicado por cinco el presupuesto de Justicia en estos años sin que haya supuesto más eficacia", ha justificado.
Desde la Junta de Extremadura, Saturnino Corchero niega que estas decisiones respondan a una consigna del PP a nivel nacional, pese a que estas cuatro comunidades autónomas están gobernadas por los populares. El asegura que la postura del Gobierno regional responde únicamente a la grave situación económica y al estado de las cuentas de la Junta --con una deuda total que supera los 2.800 millones, según el nuevo Ejecutivo--.
MONAGO YA DIJO "NO" El presidente extremeño, José Antonio Monago, ya había avisado de la posición de su partido hace tiempo. Fue hace un año, cuando aún era el líder de la oposición. Entonces lo hizo mediante un escueto comentario en su blog: "Vara debería empezar a ordenar con valentía su casa, que es nuestra casa. ¿Es necesario asumir en estos momentos las competencias en Justicia? Yo creo que no", escribió en un artículo publicado el 19 de mayo del 2010 bajo el título Repensar las Autonomías sin hacer antes nada .
Ese pronunciamiento marcó un punto de inflexión en el partido respecto a este tema. Hasta ese momento, el PP extremeño siempre se había mostrado partidario y reivindicativo sobre la asunción de las competencias en justicia.
Lo cierto es que el proceso ya se había estancado en la última legislatura, unas veces por los procesos electorales y otras por los desacuerdos sobre la compensación que el Estado debe abonar a la comunidad autónoma por hacerse cargo de este servicio y sus recursos. "En el último año no ha habido ninguna reunión bilateral, de tipo técnico, entre la Junta y el ministerio", asegura el nuevo director general de Administración Pública, pese a que el anterior consejero de Hacienda, Angel Franco, informó en enero pasado de la creación de cuatro grupos de trabajo durante 2010.
Hasta ahora el principal escollo es económico, ante el desacuerdo por la cantidad de dinero que el Estado debe transferir a la región por hacerse cargo de los medios económicos, materiales y los recursos humanos de la administración de Justicia. En Murcia, que estaba a punto de cerrar el proceso, la cuantía acordada rondaba los 75 millones de euros. En Extremadura, según Saturnino Corchero, "no está todavía cuantificada". Incluso asegura que, en la documentación que le ha facilitado el anterior equipo de Gobierno, no se dan cifras concretas. Y, en todo caso, insiste en que "la aportación del Estado no suele compensar suficientemente las obligaciones financieras que conlleva para la comunidad autónoma".
No obstante, el director general de Administración Pública advierte que éste no es un portazo definitivo a la posibilidad de recibir las transferencias en materia de justicia. De hecho deja la puerta abierta a retomar el proceso. "Nunca se puede descartar. A corto y medio plazo, no. Pero una vez que la situación económica se recupere se podría reconsiderar", explica.
