La Consejería de Fomento de la Junta de Extremadura contrató ayer a media docena de empresas de la construcción para cerrar a cal y canto las 19 viviendas ocupadas hasta la semana pasada por familias vinculadas con el clan acusado de provocar las muertes durante el tiroteo que tuvo lugar el miércoles pasado en la barriada de San Lázaro de Mérida. Junto a los pisos, incluidos en el parque de viviendas sociales de la administración autónomica que gestiona en régimen de alquiler, también se han tapiado los accesos de varios sótanos y locales.

Durante toda la mañana se observó una frenética actividad en una barriada en la que hoy se cumple una semana tras el enfrentamiento que acabó con la vida de dos personas, una mujer de 71 años y su hijo de 38, y con un herido --que ya ha recibido el alta hospitalaria y ha ingresado en prisión por decisión judicial por su participación en el tiroteo-- motivada por los trabajos para tapiar puertas y ventanas de los domicilios.

Los inmuebles han sido objeto del saqueo desde que fueran abandonados poco después del tiroteo que enfrentó a dos clanes de etnia gitana, y que tuvo como desencadenante la ruptura del matrimonio formado por dos jóvenes miembros de ambas familias. Teniendo en cuenta el número de pisos abandonados, y con una media de cuatro o cinco inquilinos por cada uno de ellos, se puede calcular que se han marchado entre 80 y 100 personas de la barriada.

Técnicos de la Consejería de Fomento acompañaron a los operarios para inspeccionar las viviendas con el objeto de iniciar los trámites pertinentes para garantizar la seguridad de los vecinos. El titular de la consejería, Víctor del Moral, señaló ayer que "lo primordial es asegurar la entrada en las viviendas para que no sean ocupadas, y que los actos de vandalismo no puedan afectar al resto de los vecinos".

Según pudo comprobar este diario, los pisos se encontraban completamente desordenados, con todo tipo de enseres tirados por el suelo. Fotografías, ropa, cuadros, cajones, utensilios de la cocina o restos de comida ocupan el suelo de unas viviendas de las que se han llevado todo lo que tuviera algo de valor, ya sean sus inquilinos o quienes posteriormente han entrado por la fuerza.

Un pequeño repaso basta para comprobar que quienes allí vivían se han ido sin hacer mudanza. "Se han marchado con lo puesto", se pudo escuchar en el interior de uno de los patios ayer mientras colocaban un ladrillo sobre otro en la puerta de una de las casas. El objetivo es evitar que sufran nuevos daños, como el incendio que sufrió el lunes el balcón de uno de los inmuebles, preservar su integridad y evitar que sean ocupadas de forma ilegal para que en un futuro, puedan ser entregadas a nuevas familias.