Desde que en agosto del 2003 entró en vigor la orden de protección de la violencia doméstica los tribunales españoles han dado el visto bueno a cerca de 18.000 órdenes de alejamiento, tal y como refleja el escrito presentado recientemente por el Ministerio de Justicia en el Congreso de los Diputados.

La más habitual es la que impide a los maltratadores aproximarse a determinadas personas (normalmente las víctimas y su familia), lo que se ha aprobado en 8.271 ocasiones. Asimismo, los jueces han prohibido a 5.386 personas comunicarse con las maltratadas y a 4.561 agresores les han prohibido directamente acudir a un determinado lugar.

Una medida más radical pero que se adopta en pocas ocasiones es la prohibición de residir en una determinada localidad, lo que obliga al maltratador a mudarse a otro municipio. Esto ha ocurrido en 479 casos en el último año.