Los juzgados y tribunales de Extremadura empiezan a apreciar las consecuencias de la huelga que los funcionarios de la Administración de Justicia iniciaron el pasado día 4 en demanda de mejoras laborales y salariales y que, sin tener en cuenta otras cuestiones y según los sindicatos, ha supuesto ya la suspensión de casi mil juicios en la región.
Magistrados y jueces de diferentes órganos judiciales de la comunidad, pese a entender justas las reivindicaciones y solidarizarse con los trabajadores, reconocieron ayer a EL PERIODICO que el paro empieza a tener consecuencias muy negativas y a provocar importantes atascos.
Así, el presidente de la Audiencia Provincial de Cáceres, Juan Bote, señaló que esta huelga "está repercutiendo muy negativamente en el normal funcionamiento de la justicia". De hecho, indicó, "la suspensión de la actividad está siendo de casi el 100%, no se celebra ni un solo juicio, ni se toma declaración alguna, ni se hace ningún señalamiento..., lo que supone un tremendo trastorno para todos, para jueces y magistrados, para el ciudadano, e incluso para los propios funcionarios, pues suspender un juicio, por ejemplo, les supondrá después nuevo señalamiento, nuevas citaciones, nuevos trámites...".
El problema lo reconocen también los jueces decanos de Cáceres y Badajoz, Federico Alba y Luis Romualdo Hernández, que ven como toda la actividad, salvo los casos de violencia doméstica, las causas con presos y los asuntos de las guardias, está suspendida y los papeles se acumulan sobre las mesas. "Esta inactividad casi total hace que la justicia vaya a medio gas, hay numerosos asuntos parados y esto repercutirá en el trabajo de los meses siguientes", advirtió Hernández.
lo advirtió también Jesús Gómez, titular del Juzgado de lo Penal de Cáceres, al señalar: "Los atascos que se van a producir en los juzgados van a ser considerables, pues va a ser inevitable reorganizar agendas, volver a señalar los juicios suspendidos, retrasar los aún pendientes...".
Y todos entienden las "lógicas" quejas de los ciudadanos, a los que piden disculpas y paciencia; y consideran "sumamente urgente" que el problema se resuelva, por lo que instaron al ministerio a buscar un acuerdo lo antes posible, "pues evidentemente esta situación es un tanto insostenible", señaló el presidente de la Audiencia Provincial de Cáceres. El juez decano de esta misma capital subrayó: "El ministerio debería adoptar medidas y llegar a un acuerdo con los funcionarios, pues se está causando un gran perjuicio y se va a producir un atraso tremendo, y un atasco en los asuntos que luego va a ser muy difícil sacar adelante".
SIN CAMBIOS Y la problemática situación que magistrados y jueces de la Comunidad Autónoma han reconocido existe ya tras los primeros siete días de huelga podría agravarse aún más teniendo en cuenta que, al menos a corto plazo, no parece vislumbrarse una solución dado que el Ministerio de Justicia y los sindicatos CCOO, CSI-CSIF, UGT y STAJ, convocantes de la huelga, no alcanzaron en su reunión de ayer un acuerdo para poner fin a la protesta.
En la reunión mantenida con la directora del Gabinete del ministro, Ana Ovejero, y el director general de Relaciones con la Administración de Justicia, Angel Arozamena, los representantes sindicales volvieron a reclamar una equiparación salarial entre los trabajadores de las comunidades que aún no tienen asumidas las competencias en materia de Justicia, caso en el que se encuentra Extremadura, y los funcionarios de las comunidades que ya las tienen transferidas, "pero no se ha alcanzado acuerdo", señaló Vicente Alegre, representante de CCOO-Extremadura
Según explicó, el ministerio "ha reiterado la oferta que ya hizo antes del inicio de la huelga, alcanzar una subida salarial de 180 euros mensuales a cada funcionario pero abonados en un período de tres años, en concreto, 40 euros mensuales en este año, 50 a partir del 1 de enero del 2009, 40 en julio de ese mismo año y otros 50 en el 2010".
Para Alegre esta propuesta "dista mucho" de la reivindicación de los trabajadores, "pues lo que se pide, realmente, es una equiparación y homogeneidad de los trabajadores de la Administración de Justicia de todo el Estado, tanto en el aspecto salarial como de las condiciones laborales, y la oferta del ministerio está lejos de reconocerlo".
Ante la falta de acuerdo, el representante de CCOO señaló que se mantiene la huelga indefinida iniciada el día 4 --afecta a unos 9.500 trabajadores de siete comunidades (Extremadura, Castilla-León, Castilla-La Mancha, Murcia, La Rioja, Baleares y Asturias), de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, y de la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo--, así como también la manifestación convocada para hoy en Madrid, a la que se prevé asistirán unos 200 funcionarios de Extremadura.
