El modelo actual de financiación de la Iglesia a través del IRPF tendría que haber desaparecido en 1990, pero todavía se mantiene 14 años después. La Iglesia y el Gobierno socialista presidido por Felipe González acordaron en 1987, tras una larga negociación, realizar un periodo transitorio de tres años para que la institución se financiara mediante las aportaciones de sus fieles en el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF). Por su parte, la Conferencia Episcopal Española se comprometió a llegar a la autofinanciación una vez terminado este periodo.

El acuerdo fijó el porcentaje destinado a esa asignación tributaria voluntaria en el 0,52% de la cuota y dispuso que el contribuyente tuviera otras opciones, además de la casilla para la Iglesia, como la de otros fines sociales --entre los que se incluyen organizaciones no gubernamentales, curiosamente algunas de ellas dependientes de la Iglesia, como Cáritas-- y una casilla para aquellos que no quisieran destinar dinero a los anteriores apartados.

Lo que ocurrió fue que la Iglesia no obtuvo los resultados que esperaba. Por aquellas fechas las estadísticas indicaban que el 90% de los españoles se declaraban católicos, lo que pronosticaba que casi todos los contribuyentes marcarían la casilla de la Iglesia a la hora de realizar su declaración de la renta. Con ello la institución religiosa no tendría problemas financieros.

La realidad

Pero esto no sucedió así. La primera vez que se llevó a la práctica el acuerdo, en 1988, sólo el 35% de los contribuyentes tacharon la casilla de la Iglesia. La mayor parte de los españoles prefirieron destinar el dinero a otros fines sociales.

El resultado: que el Gobierno tuvo que prorrogar el periodo de transitoriedad fijado en un principio. Además, el Ejecutivo central ha adelantado en cada ejercicio presupuestario cantidades a cuenta de la Iglesia que nunca se han recuperado.

El pacto alcanzado entre Estado e Iglesia acordaba que el Gobierno daría a la institución anualmente 20.500 millones de pesetas, una parte procedente del 0,52% del IRPF y el resto con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. En los últimos diez años la Iglesia ha recibido unos 240 millones de euros de los presupuestos estatales.

La recaudación que obtiene de los fieles a través del IRPF cada vez es menor, pero la cifra pactada con el Estado se mantiene (20.500 millones de pesetas), ya que la diferencia, cada vez mayor, se sigue abonando con cargo a los presupuestos.

Ahora, la propuesta del PSOE es que el Estado no deje de percibir ese 0,5% del IRPF, sino que recaude el cien por cien de los impuestos y los fieles que así lo deseen hagan una aportación adicional. Este donativo, no obstante, lo seguiría recaudando el Estado para la Iglesia a través del IRPF, y una de las fórmulas que se contemplan es que se puedan hacer aportaciones de distinta cuantía, no un donativo fijo, y destinadas no sólo a la Iglesia católica, sino a cualquier religión.