El nuevo texto de la ley antibotellón ha suscitado opiniones muy dispares en la sociedad extremeña. En términos generales, los alcaldes populares de las principales ciudades acusan a la Junta de trasladarles toda la responsabilidad del problema, mientras los representantes de los jóvenes están en contra del endurecimiento de la norma con la prohibición de beber en la vía pública. Por su parte, la asociación antirruido se mostró claramente a favor, y los hosteleros ven la ley positiva pero insuficiente.
Así, el alcalde cacereño José María Saponi, tras indicar que es necesaria una regulación del consumo de alcohol, matizó que el texto "deja una parte de responsabilidad importante a los ayuntamientos", y dijo no entender por qué el Gobierno local tiene que designar lugares para el botellón . Además, Saponi afirmó que el Ayuntamiento "no va a trasladar nada a ningún sitio", informó Miguel Angel Muñoz.
POSIBLES ACCIDENTES
Por su parte, el alcalde de Badajoz, Miguel Celdrán, mostró su confianza en que la norma ayude a superar viejos conflictos, y agregó que se ofrecerán a los jóvenes espacios como el ferial o el Nuevo Vivero. Sin embargo, matizó que el ayuntamiento "no puede responsabilizarse" de los accidentes que se ocasionen en los desplazamientos, informó Ascensión M. Romasanta.
Pedro Acedo, alcalde de Mérida, ve positivo que se prohiba beber en la calle, pero criticó que el Ejecutivo regional "no se moje", y explicó que el consistorio emeritense ofrecerá el ferial para celebrar el botellón , informó César Peguero.
Mucho más crítico fue el alcalde placentino José Luis Díaz, quien anunció que no se buscará ubicación alternativa al botellón , y achacó la ley a un "falso progresismo" que traslada el problema al ayuntamiento. Además, indicó que llevar estas reuniones fuera del casco urbano puede incrementar "la violencia, los accidentes y las violaciones", informó Merche R. Rey.
Por contra, el alcalde socialista de Almendralejo, José María Ramírez, aplaudió que se cree "un marco legal", aunque reconoció que se carga de responsabilidad a los ayuntamientos.
A su juicio, el botellón es un fenómeno que no puede eliminarse, pero si regularse, informó Miguel Beltrán.
Don Benito y Villanueva de la Serena cuentan con la peculiaridad de que el botellón se celebra ya fuera del casco urbano, en el polígono Las Cumbres y en la ciudad deportiva, respectivamente, por lo que no será necesario buscar alternativas, informó Francisco J. Horrillo.Al margen de las opiniones políticas, el presidente del Consejo de la Juventud de Extremadura, Oscar Alías, mostró su rechazo a la nueva redacción de la ley, ya que, según dijo, no se ajusta a lo acordado en los debates de la campaña Futuro, "donde nosotros cedimos y la Administración también cedió".Alías se mostró contrario a la prohibición del botellón, "que es lo que, de hecho, recoge la ley", y rechazó la restricción que supone dejar en manos de los ayuntamientos las autorizaciones de los lugares donde se pueda celebrar la reunión de jóvenes, en lugar de fijar --como hacía el primer texto-- una distancia a partir de la cuál se podía hacer con libertad el botellón.Muy distinta es la opinión de Saturnino Mendoza, vicepresidente de la Asociación Extremeña para la Defensa de los afectados por Ruidos, quien señaló que todo lo que sea poner trabas al botellón es positivo, tanto para los vecinos en general como para los propios jóvenes "ya que no se puede permitir que el entretenimiento de hoy sea la cirrosis del mañana".Por su parte, Gerardo Barredo, presidente de los hosteleros, resaltó que se prohíba "no sólo la venta, sino también el consumo de alcohol por menores, porque casi siempre compraban los mayores de edad pero bebían todos". Respecto a que se restrinja el botellón a zonas decididas por los ayuntamientos fuera del casco urbano, Barredo mostró su temor en que se creen guetos "como ha ocurrido en Zaragoza", donde sea imposible controlar "quién bebe o qué se bebe", con lo que no se resolvería el problema de los menores.Por todo ello, Barredo calificó la norma como "positiva pero insuficiente".Finalmente, Nuevas Generaciones calificó la norma como solución "en precario" ya que no contempla dotaciones para solucionar los problemas del traslado del botellón como seguridad, limpieza, transporte o accidentes de tráfico, y aseguró que "para Ibarra no hay problema si los jóvenes beben pero no molestan ni se les ve", por lo que tacha la norma de hipócrita.
