La puesta en marcha el próximo año de la ley de dependencia beneficiará a 6.711 extremeños considerados grandes dependientes, lo que supone un 16,4% del total de dependientes que existen en la región y que alcanza los 40.800. En el colectivo de gran dependencia --o grado 3, como se denomina-- se incluyen las personas con pérdida total de autonomía mental o física y que requieren la presencia indispensable y continua de un cuidador. Estos dependientes serán los primeros destinatarios de las medidas previstas por el Gobierno en la norma, mientras que el resto se irán incorporando durante los próximos años.

Los cálculos de la Administración regional indican que en el 2015 serán 50.000 las personas que se verán beneficiadas por la ley, una cifra que podría incrementarse tras el principio de acuerdo al que llegaron el lunes PP y PSOE para la aprobación de la ley, que pasará la próxima semana su primer trámite en el Congreso, y que permitirá incluir en el articulado de la norma la atención a los niños menores de tres años con problemas, entre otras cuestiones.

NIVELES DE DEPENDENCIA En la actualidad, en Extremadura hay, además de los 6.711 grandes dependientes, 12.876 personas que tienen una dependencia severa, es decir, que precisan ayuda dos o tres veces cada día, y 19.323 cuya dependencia se considera moderada, por lo que necesitan ayuda al menos una vez al día para realizar diversas actividades básicas de la vida diaria. Cuando la normativa entre en vigor el próximo 1 de enero del 2007 --fecha prevista por el Gobierno--, toda persona que lo requiera podrá solicitar la valoración de su nivel de dependencia, de lo que se encargará el Consejo Territorial de Dependencia, que estará compuesto por representantes de las administraciones central y autonómica.

La ley permitirá una serie de ayudas a este colectivo, entre las que se encuentran los servicios de prevención, la teleasistencia y la ayuda a domicilio, a fin de atender las necesidades básicas del hogar y los cuidados personales. Además, se prevé un incremento de las plazas en centros residenciales y de día, así como la coordinación de la atención social y sanitaria, algo en lo que ya trabajan las consejerías de Bienestar Social y Sanidad y Consumo, cuyo objetivo es afrontar con garantías la puesta en marcha el próximo año de la ley.

Las cifras que manejan desde la Administración regional indican que el desarrollo de esta ley en la comunidad supondrá un volumen de inversiones cercano a los 830 millones de euros en los próximos diez años, con una inversión media que rondará los 92 millones anuales. A esta cantidad, que será sufragada al 50% entre la Junta de Extremadura y el Gobierno central, hay que sumar los fondos que invierte la región en otro tipo de programas que seguirán desarrollándose, por lo que en el 2015, fecha en que la normativa atenderá a todo el colectivo dependiente, la inversión podría llegar a los 1.000 millones de euros .