Después de las averías en dos líneas de fibra óptica que dejaron sin servicio de telefonía e internet a miles de extremeños durante varias horas a mediados de octubre y de diciembre del año pasado, el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara anunció que la Administración regional está elaborando una ley de garantía en la telefonía móvil que, entre otras cosas, obligará a las operadoras a detallar la cobertura que tienen en la región. El texto, según la Administración, se aprobará durante la presente legislatura.
El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, por su parte, abrió un expediente informativo contra la compañía para determinar posibles responsabilidades. En este caso, fue la delegada del Gobierno en la región, Carmen Pereira, la que informó el pasado 22 de diciembre de la decisión del Gobierno de instar a sus servicios de inspección a abrir una investigación al objeto de determinar si procedía aplicar algún régimen sancionador dentro de los supuestos previstos en la Ley General de Telecomunicaciones. Desde Industria aún no han aclarado en qué situación se encuentra este proceso.
