La situación que atraviesan las estaciones de servicio de Extremadura dista mucho de poder ser considerada como idílica. Las instalaciones del 80% de las gasolineras están anticuadas y eso puede ocasionarles problemas en el cumplimento de la ley de residuos, aplicada en España a través del Real Decreto (RD) 9/ 2005 que regula las actividades potencialmente contaminantes. Según se recoge en esta norma, antes del mes de febrero del 2007 todas las empresas, cuya actividad incluya la manipulación de sustancias nocivas para el medioambiente, tendrán que presentar un informe preliminar en el que se detalle las condiciones del suelo en el que desarrollan su trabajo y la incidencia que éste tiene en la calidad. Se trata en definitiva de demostrar que esa actividad no está afectando a la calidad de la tierra o a los acuíferos que pueden existir en el subsuelo, de modo que pudieran llegar a representar un peligro para el consumo humano o animal.
EL PLAZO SE AGOTA El cumplimiento de esta normativa puede suponer la puntilla para un sector que atraviesa una situación delicada, como sucede con el de las estaciones de servicio. De hecho, este real decreto puede, literalmente, "llevar a la ruina a muchos propietarios de estaciones de servicio en la región" apunta Casto Bravo, presidente de la Asociación Extremeña de Estaciones de Servicio (AEES), que aglutina a 150 de las 250 gasolineras de la región.
El informe que deben presentar antes del mes de febrero es sólo el primero de los que les reclaman por ley. Si de él se deriva que la actividad de la estación de servicio puede haber contaminado el suelo que hay bajo la gasolinera o sus inmediaciones, deberán presentar un informe detallado con análisis que deben evaluar el grado de contaminación.
En función de los resultados que se deriven de estos informes, la Consejería de Medio Ambiente podrá ir solicitando nuevos documentos y, en última instancia, obligará a los propietarios a limpiar el suelo. En ese caso habría que sacar toda la tierra que ha entrado en contacto con los agentes contaminantes de los hidrocarburos y reemplazarla por tierra limpia.
"El coste de este proceso oscila entre los 72.000 y los 90.000 euros en el caso de una estación de tamaño medio que no ocupe más de 700 metros cuadrados y tenga cuatro mangueras", explica Casto Bravo, que considera que este gasto es inasumible para la mayoría de los propietarios de estaciones de servicio en la región, "con una situación delicada por los problemas que actualmente atraviesa el sector".
RESPONSABILIDAD Los propietarios de las estaciones de servicio entienden la importancia de proteger el medioambiente, pero se quejan de las trabas que las administraciones estatal y autonómica ponen al sector. Bravo asegura que el problema de la contaminación no es nuevo. "Ya existía hace 20 años, pero no se actuó entonces" se queja y explica que únicamente se han acometido reformas en las estaciones de servicio para mejorar su aspecto, pero no sus infraestructuras, "sólo se ha maquillado el problema".
La administración regional debe ocuparse ahora de determinar los niveles de contaminación que se autorizarán en la región. Fuentes de la Dirección General de Medio Ambiente han confirmado que se han reunido con los representantes de las estaciones de servicio extremeñas en varios encuentros técnicos destinados a establecer estos criterios. Desde la Junta aseguran que aún deberán mantener nuevas reuniones, aunque desde la Asociación Extremeña de Estaciones de Servicio aventuran que si la administración entiende que el suelo de una gasolinera es potencialmente peligroso porque tenga un acuífero cerca o porque haya una población importante en el radio de acción, puede obligar al propietario a iniciar las medidas oportunas para descontaminar la tierra, por lo que apuntan a las estaciones situadas en los núcleos
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